Economía

Las eléctricas lanzan una ofensiva contra el recorte en la retribución y se plantean acudir a la vía judicial

Exterior de la central nuclear de Almaraz.
Exterior de la central nuclear de Almaraz.
 

Las empresas eléctricas se están preparando para responder al plan de choque del gobierno, que consideran injusto. En su opinión, «las medidas destinadas a intervenir en los mercados van en contra de su eficacia, la ortodoxia europea y crean un clima de inseguridad jurídica». En este sentido, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que aglutina a Iberdrola, Endesa, Viesgo y EDP, ha emitido un comunicado en el que manifiesta un “fuerte rechazo a las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros dirigidas contra las empresas eléctrico ”. Fuentes empresariales han añadido que estudiarán en detalle el Real Decreto-ley para decidir si existe justificación para recurrir a procedimientos judiciales. A su vez, El Foro Nuclear, entidad en la que también aparecen las grandes eléctricas, ha anunciado que si se aprueba el proyecto de ley sobre la retribución del CO₂ del mercado eléctrico que retira la denominada beneficios caídos del cielo recibido por las empresas por no emitir dióxido de carbono, «sería imposible que las centrales nucleares españolas continuaran».

A falta de entrar en la letra pequeña del Real Decreto-ley, la asociación destaca que el recorte de los ingresos de generación hidráulica y nuclear recaudados en la reducción de los denominados «beneficios extraordinarios», «es un acto injusto y equivocado». medida «que se basa en un supuesto aumento de beneficios debido a la subida del precio del gas». “Tiene un impacto enorme en la estabilidad de un sector que no es responsable de esta situación ni se beneficia de ella, algo que se puede ver al observar el valor bursátil de las empresas a pesar de la subida de precios a lo largo de 2021 ″, agrega.

Las empresas recuerdan que han vendido el 100% de su producción base (hidráulica, nuclear y renovable) para 2021 y un porcentaje superior al 75% de la de 2022 durante meses a precios muy inferiores a los del mercado spot. Con estas ventas a plazo, las ventas a precio fijo de los clientes se han formalizado en el mercado abierto. Las medidas impondrán una reducción de ingresos de unos 65 euros MWh, que se suma a la reducción de ingresos derivada de la subida de los precios del CO2 (en fase de proyecto de ley en el Congreso de los Diputados) del medio ambiente de otros 10 euros MWh. “Como puede verse, ni las empresas eléctricas se están beneficiando de los precios actuales de la piscinaTampoco los ingresos cerrados por tecnologías hidráulicas, nucleares y otras renovables permiten reducciones de ingresos como las previstas por este Real Decreto-Ley y por el Proyecto de Ley para la reducción de CO2 ″, afectan.

Según las empresas, este incremento solo incrementa el coste de abastecimiento de sus clientes con los que tienen compromisos de venta por un volumen de energía superior a su propia producción y, en gran medida, con precios fijos. En este sentido, hay que recordar las ofertas comerciales dirigidas a los clientes domésticos, que ofrecen precios fijos por plazos de hasta varios años, blindando a estos clientes de la volatilidad del pool y consiguiendo una factura eléctrica estable.

En cuanto a la obligación de subastar energía, también recogida en el Real Decreto-ley anunciado, ya se introdujo en 2007 y el resultado fue una mera transferencia de ingresos a determinados intermediarios. “Ya pudimos verificar que esta medida no sirve para bajar precios ni beneficiar a los consumidores de ninguna manera”, indica la asociación.

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Aelec insta al Gobierno a buscar “soluciones verdaderamente efectivas que protejan a los consumidores con tarifas reguladas de la volatilidad diaria de los precios y que no penalicen injustamente a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de grupos vulnerables ”. Según la asociación, el sector eléctrico está asumiendo un enorme esfuerzo económico, tanto a través de impuestos, que superan los 3.300 millones de euros anuales, como a través de inversiones, con un compromiso que supera los 4.500 millones este año, que considera fundamental para asegurar un suministro de calidad incluso en el escenarios más adversos.

“La solución pasa por una reforma de la tarifa regulada que evite -como ocurre en los países europeos vecinos- el traspaso a los consumidores de la volatilidad del mercado”, dice. Y, en otro ámbito de actuación para rebajar el precio de la electricidad, proponen «limpiar la factura de la luz de todos aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte y distribución transporte y acometer una reforma fiscal que alivia el presión a la que está sometida la factura de la luz con altos impuestos ”.

Cese de la actividad nuclear

Por su parte, el Foro Nuclear afirma que el proyecto de ley sobre CO2, que está siendo procesado por el parlamento, «no debe aplicarse a la energía nuclear». En su opinión, «unido a la excesiva presión fiscal actual llevaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear». Por otro lado, también señala que “el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, aunque es de aplicación temporal, va aún más lejos en la penalización de la generación de energía nuclear”. De acuerdo con él vestíbulo, “El precio real de venta de la generación nuclear, una vez rebajado el precio del CO₂, no debería ser inferior a 57-60 euros MWh con el nivel impositivo actual”, apunta. Al respecto, agrega: «Si este proyecto de ley hubiera estado vigente, no se habría solicitado la renovación de las autorizaciones de operación de nuestras plantas», subraya y agrega que si la ley entra en vigencia, «no se debería aplicar». retroactivamente en cualquier caso «.

Las empresas propietarias de las centrales nucleares no pueden decidir unilateralmente cerrar las plantas; tienen que solicitar el cese de actividad al ministerio, que, previo informe del operador del sistema, Red Eléctrica, decidirá. El artículo 53.5 de la Ley del Sector Eléctrico establece que el cierre definitivo de las instalaciones de generación requerirá el informe del operador del sistema en el que se registrarán los posibles efectos del cierre sobre la seguridad del suministro y en el que deberá hacerse una declaración motivada si se Es posible sin poner en peligro la seguridad del suministro. Si el ministerio decide rechazar el cierre, las eléctricas pueden acudir a los tribunales para pedir un precio justo por operar un servicio público.

Las plantas de energía nuclear operan con permisos de varios años (generalmente emitidos por una década) y deben cumplir con esos horarios. Si no, pueden ser sancionados. Como ocurrió con los propietarios de la planta de Garoña, que fueron multados con casi 19 millones de euros por detener su actividad en diciembre de 2012, seis meses antes de que se fijara su autorización.

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El proyecto de ley tiene por objeto reducir el precio del CO₂ de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previo al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de CO₂. La medida también afecta a las centrales hidroeléctricas y las primeras renovables que se podrían poner en marcha antes de esa fecha.

El Foro recuerda que las centrales nucleares españolas operan con autorizaciones de funcionamiento que se renuevan periódicamente y que las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus propietarios y otorgadas por el ministerio correspondiente con posterioridad a esa fecha. “Por tanto, en el momento de la solicitud y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias”, afirma, “se tuvo en cuenta el mecanismo de cesión de los derechos de emisión de la UE y el precio del CO₂ en el mercado internacional. Con este proyecto de ley vigente no se habrían solicitado renovaciones de autorizaciones, varias de ellas muy recientes ”.

Para la entidad, “la excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del borrador de la Ley de CO2 en su redacción actual (juntos pueden superar los 30 euros MWh), junto con las inversiones previstas de 3.000 millones de euros hasta el El cese de la explotación del parque nuclear en 2035 (en un entorno de precios futuros inferiores a 50 euros MWh a partir de 2024 y a la baja por la entrada masiva de energías renovables al sistema con costes marginales tendiendo a cero) conduciría a su inviabilidad económica. financiera y conduciría al cese anticipado de la actividad «.

En España operan siete grupos nucleares (Almaraz 1 y 2, Trillo, Cofrentes, Vandellós 2 y Ascó 1 y 2), cuya propiedad se reparte principalmente entre Endesa e Iberdrola, y en menor medida Naturgy y EDP. Su producción ronda el 20% del parque energético nacional y su cierre está previsto entre 2027 y 2035 después de que el Gobierno haya acordado con las entidades.

Fuentes ministeriales destacan, en este sentido, que la reducción de CO2 tiene un piso de 20 euros por tonelada de CO2, que coincide con el precio que tenía cuando las empresas eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019. Por ello, señalan, no no es una deducción de los ingresos que recibieron cuando lo firmaron. “Además, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 otorgándoles el 10% de los ingresos que generan cuando el CO2 está por encima de esos 20 euros por tonelada”, afirman.

Asimismo, manifiestan que el proyecto de ley ha sido tramitado con todas las garantías y ha recibido un informe positivo de la CNMC, el Consejo de Estado y se ajusta a la legislación nacional y europea. Además, el sistema coincide con un mecanismo que ya ha avalado el Tribunal de Justicia de la JUE.

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