Economía

El Gobierno espera reducir el recibo de la luz un 22% con el nuevo plan de choque contra la escalada de la electricidad

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, en entrevista a CincoDías.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, en entrevista a CincoDías.Pablo Monge
 

El Gobierno prevé recuperar 2.600 millones de euros de las empresas energéticas hasta el 31 de marzo de 2022 por la devolución de «los beneficios extraordinarios que se han producido» por los elevados precios del gas en el mercado mayorista. Así se recoge en el Real Decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para rebajar el precio de las facturas de la luz y que forma parte del plan de choque para mantener la factura final de la luz de los consumidores en 2021 al mismo nivel que la de 2018, como prometido por el presidente, Pedro Sánchez. El plan, que incluye además otras siete medidas de aplicación inmediata, supondrá una rebaja en la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año, que, con la rebaja del IVA aprobada el pasado mes de junio y la supresión temporal de el impuesto a la generación se incrementa a 30%, según fuentes gubernamentales. En agosto, la electricidad subió un 34,5% al ​​nivel más alto de la serie histórica, según el INE.

El impacto del alto precio del gas natural en los mercados internacionales y el alto precio del CO₂ en la UE en el mercado eléctrico mayorista, que mañana pulverizará todos los récords con un precio de 172,78 euros megavatios hora (MWh), han liderado el Gobierno tomar estas medidas de choque «considerando que los desajustes entre oferta y demanda en el mercado global del gas se mantendrán durante los próximos meses». Según fuentes gubernamentales, «la situación crítica de los mercados energéticos coincide con la senda de recuperación tras la pandemia y es prioritario evitar una ralentización del ritmo de crecimiento».

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“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que tiene un impacto sistémico en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española”, dijo Teresa Ribera, vicepresidenta. tercero del Ministro de Gobierno para la Transición Ecológica y el Desafío Demográfico, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ribera destacó que las medidas contenidas en el Real Decreto-ley están en consonancia con el ordenamiento jurídico interno y con la normativa europea.

Además de los denominados “beneficios extraordinarios”, el Ejecutivo ha aprobado otras siete medidas, algunas temporales y otras permanentes, en la tarifa regulada a la que están sujetos unos 10,5 millones de hogares (otros casi 17 millones tienen tarifa gratuita). Estos son:

Declive temporal. Se aplicará una reducción temporal del «exceso de retribución que obtienen las plantas de generación de energía no emisora ​​en el mercado mayorista (principalmente hidroeléctricas y nucleares) gracias al impacto de costes de gas que no soportan», consiste en aplicar una fórmula similar a el utilizado para reducir el dividendo de carbono de las plantas no emisoras, ahora pendiente en el Congreso. La reducción de la retribución será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas), que está fijado en 20 euros, con un límite del 90%. Es decir, lo que se pase de ese terreno, las empresas eléctricas deben devolverlo desde la entrada en vigor. El Ejecutivo espera que las tensiones en el mercado global del gas se hayan superado para el 31 de marzo de 2022, por lo que no será necesario extender este período de gracia más allá de los seis meses y medio que ahora se establece. «La reducción es una medida proporcionada que actúa sobre los beneficios extraordinarios, que se produjeron repentina e inesperadamente debido a los desequilibrios en los mercados internacionales de gas natural, y que no pudieron ser considerados en las previsiones empresariales», explican fuentes del entorno del Ministerio para el Transición ecológica.

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Impuesto especial. Reducción del Impuesto Especial a la Electricidad del 5,11% al 0,5%, que es el mínimo permitido por la normativa comunitaria. Este impuesto se cobra sobre la tarifa eléctrica y se traslada a las comunidades autónomas, por lo que habrá que buscar la forma de compensarlas. El ministerio analizará el impacto para determinar el monto que luego deberá transferir a las comunidades.

Impuesto a la generación. Se suspende el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que grava el 7% sobre la generación eléctrica. Este impuesto fue abolido hasta finales de este trimestre, pero el Gobierno ha decidido prorrogarlo hasta finales de año. Esta tarifa, que ya fue abolida temporalmente en 2018 durante otra crisis climática, se cobra directamente a las empresas productoras de electricidad, que luego indirectamente la transfieren a la tarifa.

Subastas de CO₂. El Gobierno ha decidido incrementar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO₂ destinadas a cubrir los costes del sistema eléctrico, lo que supone elevar la cifra hasta los 2.000 millones durante el año.

Reducción de cargas. Estas medidas permitirán rebajar los cargos aplicables en la tarifa eléctrica en un 96% con respecto a los actuales. De esta forma, la parte regulada de las facturas finales de los consumidores (costes extrapeninsulares, primas renovables, déficit de tarifa) estará en un rango que va desde el 47,2% de los hogares hasta el 24,5% de la gran industria, según datos oficiales. Adicionalmente, a esta disminución se le aplicará la menor carga tributaria. La aplicación inmediata de las medidas dejará el esfuerzo económico de los consumidores para cubrir su demanda eléctrica en 2021 al mismo nivel que en 2018 (sin considerar el IPC), unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión.

Subastas de energía. Para aumentar la liquidez de los mercados a plazo, el Gobierno convocará subastas de contratos de compra de energía. Los grupos empresariales dominantes ofrecerán electricidad en proporción a su cuota, pudiendo adquirirla tanto los comercializadores independientes como los grandes consumidores y suscribir contratos a plazo con un plazo de liquidación igual o superior a un año. La norma también prevé la reforma de la tarifa regulada (precio voluntario para pequeños consumidores, PVPC) para que incorpore el precio de subasta de referencia con una ponderación máxima del 10%. Las empresas de libre comercio que adquieran energía de esta forma deben indicarlo en las facturas de sus clientes. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de fin de año. Las empresas Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofrecerán 15.830 gigavatios hora (GWh), equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

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Suministro vital mínimo. Junto a estas medidas de carácter temporal, se incrementa la protección de los consumidores vulnerables, familias y pymes, estableciendo un Suministro Vital Mínimo que prohíbe la interrupción del servicio por falta de pago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses además del cuatro ya existentes.

Tarifa de último recurso (TUR). El impacto del costo de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tasa de último recurso (TUR) está limitado a un semestre por lo que el incremento promedio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4, 6% en lugar del 29%. Los importes adeudados se repercutirán en revisiones posteriores, con un mecanismo de amortiguación similar al existente para los cilindros de butano. Además, se crea un nuevo mecanismo para promover la contratación de energía eléctrica en el futuro, que beneficiará especialmente al tejido industrial.

Sevilla / 09-01-2021: Líneas eléctricas en las afueras de Sevilla.  FOTO: PACO PUENTES / EL PAIS
Sevilla / 09-01-2021: Líneas eléctricas en las afueras de Sevilla. FOTO: PACO PUENTES / EL PAIS
PACO PUENTES / EL PAÍS
 

Ley de Aguas. El Gobierno modifica la Ley de Aguas «teniendo en cuenta la consideración del agua embalsada como un bien de primer orden económico, social y ambiental» para evitar vertidos bruscos. Al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a descargar en embalses superiores a 50 hectómetros cúbicos, tanto para situaciones de normalidad hidrológica y sequía prolongada, como un régimen de volúmenes mínimos. de reservas. abastecido para cada mes. Esta introducción de criterios para el uso racional de los recursos hídricos evitará, según el Gobierno, efectos no deseados sobre la flora y la fauna, y contribuirá a la consecución de los objetivos medioambientales marcados por la normativa europea. Asimismo, ayudará a afrontar los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua en España, superiores al 15% a medio plazo y entre el 35% y el 40% a largo plazo. Para ello, se intentará facilitar el desarrollo de actividades económicas sostenibles vinculadas a la revitalización de los municipios ribereños.

Estas medidas de choque se suman a las ya aprobadas el pasado mes de junio para amortiguar el impacto del precio del gas en la electricidad. En ese momento, el Ejecutivo redujo el IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta fin de año, para suministros hasta 10 kW, y decidió suspender el Impuesto del 7% a la generación durante el tercer trimestre, que luego fue prorrogado. hasta fin de año.

Las medidas se suman a los dos proyectos del Fondo Nacional para la Sustentabilidad del Sistema Eléctrico, que redistribuirá entre todos los vectores energéticos el costo de las renovables históricas en los próximos cinco años, y el que actúa sobre la remuneración del CO2 no emitido por el mercado eléctrico (los llamados beneficios caídos del cielo). Su aplicación completa reducirá la factura final del hogar en más de un 15%.

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