Economía

Luz verde del Congreso a la suspensión de las fiscales sin el apoyo del PP y el ‘no’ de Vox

Congelado por una temporada el dogma de la austeridad en Europa, el Gobierno no tuvo dificultades este lunes para recibir el aval del Congreso de los Diputados en lo que es el primer paso hacia la elaboración de los Presupuestos del próximo año. La suspensión de las reglas fiscales, el corsé impuesto por la Unión Europea e incorporado a la Constitución española en el frenesí de ajustes que siguió a la Gran Recesión, recibió un apoyo más que amplio por parte de la Cámara. Ciudadanos se unieron a los habituales aliados del Gobierno, la izquierda y los nacionalistas en esta ocasión para despejar el camino a unas cuentas públicas expansivas en línea con el nuevo discurso impuesto en Europa. Fue firmado por 198 de los 350 diputados del Congreso.

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Nadie, ni siquiera la derecha, argumentó que, después del brutal impacto de la pandemia, la receta del ahorro compulsivo se ha vuelto obsoleta y que ahora es el momento de gastar. Pero el núcleo más duro y ruidoso de opositores al gobierno, que se pasa el día dando por muerto y exigiendo elecciones al Gabinete, no está dispuesto a darle la más mínima concesión. Así, tras reconocer que, efectivamente, ha llegado el momento de olvidar los rigores de la austeridad, PP y Vox negaron su apoyo al Ejecutivo. Los populares se quedaron en el refugio de la abstención. La extrema derecha paró las medias tintas, coreó de nuevo la consigna favorita de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros – «sólo queda Vox a la izquierda» – y votó en contra.

Era el primer pleno tras la pausa estival y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abría la nueva sesión con un breve discurso en el que reiteró su enésimo llamamiento a la necesidad del diálogo político. Llegar a acuerdos es «muy difícil», admitió Batet, pero rechazarlos, agregó de inmediato, es «una clara violación de nuestros deberes como diputados». El ritual de los buenos deseos que suele seguir a las fiestas fue añadido posteriormente por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: «Dejemos a un lado la estrategia del enfrentamiento». Más realista, un colega suyo, el diputado del PSOE Guillermo Meijón, ya había expresado ante su grupo que ha renunciado a cualquier esperanza de llegar a acuerdos con el PP desde hace algún tiempo. Y la votación sobre la abolición de las reglas fiscales lo confirmó plenamente.

Montero defendió la propuesta invocando la necesidad de abordar las emergencias sociales creadas por la pandemia y de reforzar la incipiente recuperación económica con una fuerte inversión pública. Un esfuerzo, alimentado con el torrente de millones de fondos de recuperación que llegan desde Bruselas, para configurar en España «una economía más propia del siglo XXI». No hay renuncia a la responsabilidad fiscal, aseguró el ministro, ni hay intención de que «el déficit público se reduzca paulatinamente». Pero la meta de déficit del 3%, meta sacrosanta antes de la pandemia, se pospone hasta 2024 o incluso 2025, dijo el titular del Tesoro.

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La suspensión de las reglas fiscales fue fundamental para poner en marcha la maquinaria de los Presupuestos para el próximo año. Montero lo dio a conocer a la Cámara, a la que prometió un esfuerzo especial de diálogo con todos los grupos para tratar de que las cuentas reciban el mayor apoyo político posible, dadas las urgencias del momento. «No apoyar las cuentas públicas sería como negarle pan y sal a la sociedad que quiere dejar atrás la pandemia», dijo.

La derecha no tardó en reiterar que no será en ningún caso por el trabajo. El PP sacó a una de sus portavoces menos vocales, Elvira Rodríguez, exministra de Mariano Rajoy. Rodríguez defendió que la suspensión de la normativa fiscal requeriría ser compensada con un plan de equilibrio de las cuentas públicas, lo que el Gobierno no ha hecho hasta ahora. Denunció la «vergüenza» que el Ejecutivo incumpla con la obligación de acudir a la Cámara cada tres meses para informar sobre la ejecución presupuestaria. Y anunció su abstención tras deplorar la «irresponsabilidad» de la coalición de izquierda, que gobierna el país «sin reglas ni compromisos».

Espinosa de los Monteros recordó que, hace un año, antes de una votación similar, su grupo se abstuvo porque entendió que eran necesarias medidas extraordinarias en una situación extraordinaria. Esa necesidad persiste, admitió el portavoz de Vox, pero no lo suficiente como para darle a Pedro Sánchez «un cheque en blanco» que le permita «gastar sin control». Así que esta vez Vox pasó al voto negativo ante lo que entiende como una medida «directamente suicida». Aparte de la derecha, en el otro extremo del arco político hubo algunas abstenciones más, las de Junts, CUP y BNG.

Ciudadanos apoyó la suspensión de la normativa, aunque también exigió que se acompañe de un plan de balance de cuentas públicas. Entre los socios más comunes del Gobierno, se escuchó reiteradamente el deseo de que el fin de la austeridad no se quede en un mero paréntesis y la UE decida relajar sus reglas fiscales. Lo pidieron formaciones de izquierda como United Podemos, ERC o EH Bildu, pero también, muy claramente, el PNV por boca de su diputada Idoia Sagastizábal.

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Estocadas por la luz

El Gobierno también logró superar el primer proceso de uno de los proyectos con los que intenta bajar el precio de la electricidad: la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad Energética. Con él, el objetivo es eliminar las primas de las renovables de la factura de la luz, que luego se repartirían entre los operadores de todas las fuentes de energía. El Gobierno estima que en cinco años la factura de la luz se reduciría en un 13%.

Entre las voces que no estaban de acuerdo con el proyecto hubo una curiosa coincidencia de los dos extremos del arco parlamentario: las enmiendas al conjunto fueron presentadas por Vox y el BNG. Ambos, al igual que la CUP, esgrimieron algunos argumentos similares, como el temor a que los costes que se retiran de la factura de la luz sean posteriormente endosados ​​por las empresas a otras fuentes de energía. El nacionalista gallego Néstor Rego y la diputada de Vox Mireia Borrás incluso recurrieron al mismo ejemplo: el coche eléctrico, argumentaron, es ahora mismo un lujo «solo para ricos». Existe una gran brecha entre las posiciones sobre el cambio climático de los grupos más a la izquierda y el negacionismo cultivado por la extrema derecha. Pero ambos coinciden en advertir que los costos de la transición energética no pueden recaer en «las clases populares», como lo expresó Albert Botran de la CUP. El PP, a su vez, dejó claro que el Gobierno tampoco puede esperar su apoyo en esto.

El debate trajo otro aguacero por el precio de la electricidad sobre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que acudió a la Cámara para defender la creación del Fondo. Las críticas fueron copiosas por parte de los grupos de izquierda, que instaron a los socialistas a actuar una vez «contra el oligopolio». «Se nos ha acabado la paciencia», advirtió Oskar Matute, de EH Bildu, mientras que Gabriel Rufián, de ERC, atribuyó la posición del PSOE a la presencia de exdirigentes del partido en los directorios de las empresas energéticas. Algo similar tuvo antes que escuchar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien defendió el decreto que extiende el llamado “escudo social” hasta el 31 de octubre, con la limitación de desalojos y la prohibición de cortes de energía. En este caso, al menos, el Gobierno sí consiguió el apoyo del PP.

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