La nueva normativa de ciberseguridad cubana, que persigue los contenidos subversivos y las noticias falsas en la red, ha generado una ola de protestas de quienes la consideran una «ley mordaza» para silenciar las voces críticas, mientras el Gobierno defiende su legitimidad.

El Decreto-Ley 35 publicado este martes establece el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Cuba, mientras que la complementaria Resolución 105 recoge una serie de «incidentes de ciberseguridad» a los que atribuye cuatro niveles de peligrosidad: bajo, medio, alto y muy alto.