Opinión

La nueva Cámara de Diputados

No obstante aún no conocemos con precisión cómo quedarán conformados los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para la Sexagésima Quinta Legislatura, de acuerdo con el conteo rápido que difundió el Instituto Nacional Electoral (INE) en la madrugada del lunes sabemos que el bloque oficialista verá reducido el número de curules en comparación con los que tiene hoy en día en la Sexagésima Cuarta Legislatura, que concluye el próximo 31 de agosto, y por su parte, los partidos de la oposición ganaron terreno, no de manera significativa, pero es un hecho que sus votos tendrán más peso en la legislatura que iniciará funciones el 1 de septiembre próximo.

El primer efecto que ya es ampliamente comentado en todos los medios y en las conversaciones en redes sociales es que la 4T no contará con los votos suficientes para poder impulsar reformas constitucionales y que se tramiten sin mayor contratiempo en la Cámara de Diputados, como ocurrió en la legislatura que termina. Es decir, la 4T ya no tiene la fuerza para arrollar a sus adversarios en ese tipo de votaciones, así que durante los próximos tres años, si quiere promover una reforma constitucional se verá obligada a privilegiar el diálogo y la negociación con la oposición.

De esta forma, aunque el presidente López Obrador se niegue a aceptarlo, es un hecho que perdió la seguridad que tenía para que se aprobaran reformas constitucionales en San Lázaro, seguridad que era tal que le permitía darse el lujo de instruir a sus legisladores, sin pudor alguno, que no se le moviera ni una coma a determinadas iniciativas remitidas por el Ejecutivo.

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Otro efecto relevante es que al lograr mayores espacios la oposición, se abre la posibilidad de que ante la necesidad del acompañamiento de la oposición en algunas discusiones o votaciones, la 4T se vea orillada a aceptar que la Cámara de Diputados lleve a cabo de mejor manera el papel que tiene encomendado en la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, al menos en comparación con la legislatura que está llegando a su fin.

Así que si la oposición se organiza bien y hace su trabajo con seriedad, es probable que la administración del presidente López Obrador se vea obligada a rendir cuentas, también de manera seria, sobre sus grandes proyectos o programas. Porque podrán presumir que las cosas ya no son como antes, pero basta un vistazo a los portales de instituciones como CFE o Pemex, para constatar que la opacidad es mayor ahora que en el pasado reciente.

Un ejemplo es el proyecto CFE Telecom e Internet para Todos, al que se le ha asignado una importante cantidad de recursos, pero respecto de los cuáles hoy no sabemos cómo se han ejercido, qué tipo de infraestructura se ha construído con esos recursos, en dónde, etcétera. Tampoco conocemos sus metas precisas, así que no hay forma de medir si tienen desviaciones respecto algún objetivo específico.

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Ahí están desde luego también los grandes proyectos del presidente López Obrador, como es el caso de la construcción de la refinería de Dos Bocas, que tiene un portal de Internet creado por la Secretaría de Energía que realmente no proporciona información precisa sobre el presupuesto original programado para cada etapa o cada planta, cómo se ha ejercido, tampoco hay información sobre el avance real contra el programa en los distintos rubros.

Tan solo en estos dos ejemplos, hay grandes áreas de oportunidad para que la oposición presione a los legisladores de la 4T para que las autoridades responsables informen con seriedad al Congreso sobre el avance real de los mismos y la forma en que se han ejercido los recursos. Así que la nueva conformación del Congreso sí puede generar que varias cosas cambien, en particular, para mejorar la rendición de cuentas.

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