Economía

El arranque del fondo de recuperación abre una nueva era fiscal en Europa a rebufo del acuerdo del G-7

La ministra de Economía Nadia Calviño habla con el presidente del Eurogrupo, Paschal Luke Donohoe, en una reunión el pasado 11 de marzo.
La ministra de Economía Nadia Calviño habla con el presidente del Eurogrupo, Paschal Luke Donohoe, en una reunión el pasado 11 de marzo.Thierry Monasse / Getty Images
 

Junio de 2021 figurará en los anales de la UE como uno de los momentos cruciales para la historia presupuestaria y fiscal del club comunitario. Bruselas espera realizar este mes la primera emisión de deuda conjunta para financiar el fondo de recuperación, un paso que marca un antes y un después en el diseño y ejecución del presupuesto común. La UE también ha puesto en marcha este mes la primera fiscalía europea, encargada de perseguir los delitos contra los intereses financieros del club. Y el Parlamento Europeo ultima la aprobación de una directiva que obligará a las grandes empresas a detallar su factura fiscal país por país, un ejercicio de transparencia con el que se esperan cerrar los agujeros legales por los que se escapan decenas de millones de euros en impuestos. Los expertos discrepan sobre las consecuencias a largo plazo de todos estos cambios. Pero coinciden en que Europa se está adentrando en una nueva era fiscal.

La Unión Europea se adentra en esa nueva etapa a rebufo de la puesta en marcha del fondo de recuperación y del impulso de EE UU y del G-7 a favor de un impuesto de sociedades que acabe con los paraísos fiscales. Las expectativas ante la revolución en marcha son enormes en todas las capitales, tanto en las partidarias de aprovechar el fondo de recuperación para crear un instrumento de reequilibrio fiscal permanente como en las que temen ese tremendo salto y pugnan por evitarlo. El acuerdo del G-7 para proponer a nivel global una tasa como mínimo del 15% en el impuesto de sociedades también levanta inquietud en los socios de la UE con una fiscalidad más baja.

El departamento de Paschal Donohoe, ministro de Finanzas irlandés y presidente del Eurogrupo, parece consciente de la batalla en ciernes y el jueves pasado publicaba un estudio independiente sobre el futuro de la economía europea y de la zona euro después de la covid-19. El informe, que no refleja la posición de su gobierno ni del Eurogrupo, concluye que las medidas sin precedentes adoptadas para paliar la crisis de la pandemia “marcarán el futuro de la integración europea durante años”.

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Federico Fabbrini, profesor de derecho europeo en la Dublin City University y autor del informe encargado por Donohoe, se muestra convencido de que “el fondo de recuperación NGEU [Next Generation EU] constituye un cambio de paradigma para la Unión Monetaria europea porque sienta las bases para una auténtica capacidad fiscal europea”. Fabbrini cree que aunque el fondo se ha diseñado con un carácter temporal “habrá una gran presión para mantenerlo más allá de la pandemia”.

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Desde este mes de junio y hasta finales de 2026, la Comisión Europea va a emitir deuda por valor de unos 150.000 millones de euros al año para financiar el fondo. Bruselas ya ha seleccionado una primera tanda de 39 bancos (Santander y BBVA entre ellos) para facilitar las subastas de bonos y buscar una red de inversores lo más amplia posible. Este mismo martes, la Comisión organiza una teleconferencia con potenciales inversores para presentar las futuras emisiones y hacer valer sus credenciales crediticias (triple A con la agencia de calificación Fitch; Aaa con Moody’s, y AA con Standard&Poor’s).

La incursión sin precedentes de la Comisión en los mercados financieros generará una inmensa bolsa de deuda compartida por los 27 Estados miembros de la UE, que dispondrán de plazo hasta 2058 para amortizarla. Guntram Wolf, director del instituto de estudios Bruegel en Bruselas, considera que el nuevo fondo “supone un gran paso para la Unión porque sienta un precedente”. Pero Wolf advierte que es “un instrumento puntual, creado solo para esta crisis, tanto en términos legales como políticos”. Eulalia Rubio, investigadora sénior del centro de estudios Jacques Delors en París, señala que “marcará un antes y un después, pero todavía no se puede decir si será el embrión o no de un futuro Tesoro europeo”.

El director de Bruegel recuerda que su base legal es el artículo 122 del Tratado de la Unión, que permite la ayuda financiera de la UE en caso de “catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales”. Wolf cree que desde el punto de vista político el fondo también es flor de un día, porque la resistencia de los socios contrarios a su creación solo se pudo superar “porque estábamos ante la mayor recesión de los últimos 100 años”. Una vez que se supere la crisis, la posibilidad de que los 27 acepten por unanimidad ampliar o prolongar las ayudas se reduce considerablemente.

Los analistas coinciden, sin embargo, en que el instrumento marcará la pauta para la intervención de la UE en futuras crisis. “Si se convierte en una experiencia positiva, que contribuya a reformar, modernizar y revitalizar las economías de los socios europeos, en el futuro la clase política recuperará esta herramienta si se produce otro shock económico”, pronostica Guntram Wolf. El director de Bruegel considera que ese instrumento anticrisis es más conveniente que una transferencia permanente de recursos, “que no sería viable ni deseable, ni desde el punto de vista político ni del económico”.

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Rubio añade que si tiene éxito “las repercusiones se dejarán sentir también en los fondos estructurales, cuya gestión evolucionará hacia el modelo del Next Generation EU, basado en el incentivo a reformas e inversiones”. La investigadora del Jacques Delors también augura que la amortización del fondo reabrirá el debate sobre la fiscalidad de las empresas, ya puesto sobre la mesa a nivel internacional por la administración estadounidense de Joe Biden con una propuesta de una tasa mínima del 15% en el impuesto de sociedades que fue avalada el pasado sábado por los ministros de finanzas del G-7.

En principio, los 27 gobiernos se han comprometido a crear nuevos impuestos para amortizar el fondo y evitar así que el plan de recuperación provoque una merma de los presupuestos comunitarios. Desde enero de este año ya se aplica una tasa que obligará a cada Estado a contribuir a las arcas europeas a razón de 0,80 euros por kilogramo de residuos plásticos no reciclado. En cuestión de días o de semanas, la Comisión también va a presentar un proyecto de tasa a las importaciones de acero, aluminio, cemento o electricidad procedente de países donde la producción genera un exceso de emisiones de CO₂. Y en 2024 se podría introducir un impuesto para el sector financiero.

Rubio pronostica que esas tasas, incluso si se aprobaran todas, no generarán recursos suficientes para el tamaño de la deuda que dejará el fondo. “Se tendrá que plantear el debate sobre el impuesto de sociedades, que es donde está el dinero, y probablemente habrá que avanzar en la armonización y en el combate contra la competencia desleal”, señala la investigadora.

Bruselas ya está dando un primer paso con el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Consejo y el Parlamento para una directiva que obligará a las grandes empresas que operan en el mercado único, sean europeas o no, a detallar su facturación y factura fiscal en cada país de la Unión, así como sus cuentas en las jurisdicciones calificadas como “no cooperadoras”, es decir, los paraísos fiscales.

Pero los cambios futuros podrían ser de tal calado que el informe de Federico Fabbrini augura que “el respaldo de los nuevos poderes fiscales de la UE requerirá ajustes constitucionales adecuados”. En juego, avisa el profesor de Dublín, estará la legitimidad democrática una nueva arquitectura de la zona euro que empieza a incluir decisiones sobre deuda e impuestos. Fabbrini cree que la recién inaugurada Conferencia sobre el futuro de Europa ofrece el marco para iniciar unas deliberaciones que podrían desembocar en una profunda reforma del Tratado europeo.

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