Cómo matar el crecimiento
Crecer no se da por un milagro, no es fácil; se requiere de instituciones que lo faciliten y que exista confianza en esas instituciones...
La evidencia histórica a nivel mundial no deja duda al respecto: el crecimiento económico sostenido es la principal fuente para reducir la pobreza. A medida que una economía crece impulsada por la acumulación de capital, físico y humano, junto con un continuo cambio tecnológico que incrementa la productividad de los factores de la producción, se traduce en una mayor retribución real, tanto para los poseedores de capital físico como para los que poseen capital humano, es decir los trabajadores. Es el crecimiento económico lo que permite alcanzar un mayor nivel de bienestar, tanto a nivel familiar como a nivel de la sociedad en su conjunto.
La evidencia internacional también nos permite concluir que para que una economía experimente un proceso sostenido de crecimiento se requieren de ciertas condiciones institucionales que lo faciliten y lo promuevan. Entre éstas destacan una eficiente definición de los derechos privados de propiedad (incluido un eficiente sistema de patentes que proteja la propiedad industrial e intelectual), un poder judicial independiente e imparcial que garantice y proteja estos derechos y garantice el cumplimiento de los contratos, la estabilidad en el poder adquisitivo de la moneda, mercados de bienes, servicios y factores de la producción eficientemente regulados que tiendan a operar en competencia, incluida la que proviene de fuentes externas para lo que se requiere que la economía esté abierta tanto al comercio internacional como al capital y un sistema educativo que resulte en una acumulación de capital humano de alta calidad.
Crecer no se da por un milagro, no es fácil; se requiere de instituciones que lo faciliten y que exista confianza en esas instituciones. Lo que sí es fácil es destruir la confianza y matar el crecimiento y esto es, precisamente, lo que el presidente ha hecho desde que, de facto, gobierna a partir del 1º de septiembre de 2018.
La cancelación del aeropuerto en Texcoco en octubre de 2018 sustentada en una consulta ilegal y amañada, la cancelación de la cervecería en Mexicali con otra consulta igual de tramposa, la captura de órganos reguladores (CRE, CNH), los continuos ataques a los órganos autónomos del Estado (INE, INAI, IFT, Cofece), la embestida en contra de organismos de la sociedad civil, la cancelación de la reforma educativa regresándole el poder a los sindicatos magisteriales, la cada vez mayor militarización, los ataques en contra de diversos medios de comunicación, la aprobación de diversas leyes inconstitucionales con la complicidad de un Poder Legislativo sojuzgado, el intento de capturar al Poder Judicial de la Federación, la negativa de apoyar a las empresas privadas y a sus empleados ante el choque derivado de la pandemia, su abierta e ilegal intromisión en el proceso electoral en curso, la cercanía con países gobernados por tiranos (Cuba, Venezuela y más recientemente China y Rusia) y un largo etcétera.
Todos estos actos, en lo individual y en conjunto, han ido socavado el arreglo institucional y la confianza, elementos indispensables para la inversión privada y el crecimiento y el resultado está a la vista. La formación bruta de capital por parte del sector privado durante el segundo trimestre de 2020 (antes de la pandemia) fue 24% inferior a la registrada en el segundo trimestre de 2018; a febrero de este año, la inversión bruta total se situó en un nivel similar al de diciembre de 2010. Con una cada vez menor inversión privada y la poca inversión pública destinada a proyectos con valor presente negativo socialmente evaluados (Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía), han mermado el potencial de crecimiento de la economía y, en consecuencia, las posibilidades de ir reduciendo la pobreza.
Todo en menos de tres años de gobierno.
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