Leyes y gobierno

Observatorio laboral va por reformas para fortalecer el trabajo en el sector público

El organismo ciudadano, que ha tenido influencia en los últimos cambios a la legislación laboral federal, propondrá una serie de reformas para proteger al personal de confianza y garantizar la democracia sindical en el gobierno.

El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL) propondrá una iniciativa de reforma legislativa para garantizar los derechos de las personas que trabajan para el Estado. Entre el 80 y 90% de los conflictos laborales en México se dan en el sector público, señaló Arturo Alcalde Justiniani, especialista en temas sindicales y miembro del OCRL.

Ese organismo ciudadano ha impulsado y propuesto varios de los últimos cambios legislativos en el mundo del trabajo en México. Ahora, a la par de vigilar la implementación de la reciente reforma de subcontratación, elaborará una propuesta que garantice la libertad sindical, la profesionalización de la burocracia y que evite los abusos al personal de confianza.

“El futuro de las relaciones laborales pasa, en buena medida, porque el sindicalismo del sector público tenga presencia y voz”, indicó el académico y abogado. En reunión virtual con integrantes del observatorio indicó que fortalecer la libertad sindical en las instituciones públicas “va a jalar la recuperación en el sector privado”.

Las personas agremiadas en las empresas son relativamente pocas al compararse con las del Estado, mencionó. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es el más grande de América Latina. Y muchas otras grandes corporaciones sindicales pertenecieron en algún momento a un organismo estatal, como el gremio de pilotos o electricistas, agregó. “El sector público está en el corazón del sindicalismo”.

De poco servirá la reforma que le prohíbe la subcontratación también al gobierno si no se fortalece a los sindicatos, opinó el abogado Alberto Ramírez García.

La hoja de ruta del proyecto

El OCRL concluyó que en las próximas semanas trabajarán esta iniciativa. El próximo periodo ordinario de sesiones y la nueva legislatura iniciará hasta el 1 de septiembre, así que tendrán tiempo para discutirla al interior de la agrupación. Arturo Alcalde propuso 10 puntos a tomar en cuenta:

  1. Reforma al Apartado B del Artículo 123 de la Constitución referente a los organismos descentralizados
  2. Procedimientos individuales y colectivos y todo lo que tiene que ver con los procesos del trabajo
  3. Analizar la composición del actual Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA)
  4. La profesionalización y, con base en ella, la clasificación del personal
  5. Regular la pluralidad de los sindicatos. “Hay mucha resistencia de varios sindicatos”
  6. Definir qué tipo de personal necesita un título profesional
  7. Capacitación, higiene, seguridad y conciliación. “En todo el sector público no tienen nada de conciliación, no hay nada de capacitación y hay serios problemas de higiene y seguridad”.
  8. Protección al personal de confianza
  9. Nuevos procesos democráticos en materia sindical. Garantizar las obligaciones de transparencia y de la creación y puesta en marcha de protocolos que fomenten la democracia.
  10. Presupuesto. “Sin duda, el tema presupuestal debe permear el conjunto de las propuestas”.

Proteger a los trabajadores de confianza

La magistrada María del Rosario Jiménez Moles coincidió y nutrió el decálogo de Alcalde Justiniani. Estos cambios podrían ayudar a “que no se simule con trabajadores de confianza a nivel federal”, expuso.

Se podría retomar la experiencia de la Constitución de la Ciudad de México y prever una indemnización por la separación injustificada de ese personal. “Eso desalentaría” los abusos en su contra, apuntó la representante del gobierno federal de la Quinta Sala del TFCA.

Agregó que es necesario “observar la cobertura de trabajadores de base, que sean profesionalizados”. Para cristalizar las grandes conquistas laborales se requiere de funcionarias y funcionarios con la adecuada capacitación, no sólo en el tribunal, sino en todo el gobierno. Y, definitivamente, “se necesitan recursos económicos para fortalecer las tecnologías y estar a altura de tribunales laborales en cuanto a recursos humanos y financieros se refiere”.

Esta reforma “es fundamental”, dijo Arturo Alcalde. “Es la oportunidad para que el Observatorio establezca lineamientos, como lo ha hecho en las otras iniciativas” que han presentado diferentes actores en el Congreso.

Recordó que hace unas semanas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La iniciativa, propuesta por la legisladora Anita Sánchez Castro, elimina el reconocimiento a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) como única instancia representativa.

“Hay una nueva realidad en materia democrática. Primero, que culmine esa reforma, pero debemos avanzar a garantizar los derechos” de esa población, apuntó.

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