Política

Gobierno presume ahorro de 2,390 mdp anuales por acuerdo con concesionarios de cárceles

El gobierno federal dio detalles sobre el acuerdo alcanzado con las empresas que administran ocho centros penitenciarios concesionados desde hace dos sexenios y que permitirán ahorros en el gasto público de 2,390 millones de pesos anuales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que la renegociación de contratos reducirá en 15% el costo al gobierno y que de los casi 16,000 millones de pesos que se pagarían este año, ahora se erogarán 13,543 millones.

Al término de la administración se generará un ahorro de 10,106 millones de pesos y de acuerdo con cálculos, que pueden aún variar respecto de la inflación, al finalizar la contratación el gobierno de México tendrá una reducción de alrededor de 41,496 millones de pesos

 informó la funcionaria durante la conferencia matutina.

La renegociación involucra dos contratos de Inbursa, de Carlos Slim; dos de Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir; dos de ICA, de Guadalupe Phillips y David Martínez; uno de GIA, de Hipólito Gerard y uno de BlackRock, de Larry Fink.

Información mostrada durante la conferencia matutina 

“Se firmaron estos contratos muy leoninos, es decir, muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo, no hubieron licitaciones, fueron adjudicaciones directas”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado como excesivos los pagos establecidos en los contratos.

La renegociación también establece que al finalizar el periodo de 20 años de operación los inmuebles formarán parte del patrimonio público y no de las empresas, como indicaba una cláusula originalmente.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que se instruyó suspender los pagos desde enero hasta que se firmen los contratos con las modificaciones en este mes, “y a partir de los acuerdos, se harán los pagos correspondientes”.

Añadió que hay procesos penales abiertos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en la firma de los documentos durante la administración del expresidente Felipe Calderón.

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