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Suicida, revertir apertura eléctrica: Imco


 

Revertir la apertura en el sector eléctrico tendría consecuencias altamente negativas para México, que irían desde impacto en los costos de generación eléctrica, la transición energética, las finanzas públicas, el clima de inversión, tratados internacionales, así como para la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que afectaría la competitividad del país, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“Las acciones del gobierno federal pretenden la eliminación de las condiciones de competencia para favorecer a la CFE, sin embargo, esto no necesariamente la fortalece financieramente”, sostuvo el organismo privado, luego de que el director de la CFE, Manuel Bartlett, argumentó que las empresas privadas se benefician indebidamente a costa de la empresa propiedad del Estado.

Al realizar un análisis, el Imco mencionó que las modificaciones al orden del despacho cubren las deficiencias de la CFE y eliminan toda pretensión de competencia en el sector, mientras que todas las acciones para incrementar tarifas incrementan sus ingresos.

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“Los cambios regulatorios se traducen en parálisis regulatoria, y las facultades de la Comisión Reguladora de Energía para revocar permisos eliminan competencia para la CFE”, acotó.

La mayoría de las medidas legales que se han presentado eliminan competencia para la CFE mientras que algunas otras cubren sus deficiencias o le proveen más recursos, estableció.

Algunas de las consecuencias de cerrar la puerta a la energía eléctrica del sector privado es el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y altos costos de generación, consideró.

Tan sólo en el 2020, el costo promedio de generación eléctrica de las energías renovables a partir de las subastas de largo plazo fue de 401 pesos por megawatt-hora, comparado con 1,413 pesos por parte de las centrales de la CFE.

El efecto para la salud financiera de la CFE y para las finanzas públicas federales depende de si los incrementos en los costos de generación son financiados por los usuarios domésticos, empresas, o la Hacienda Pública en caso de que se decida no incrementar las facturas eléctricas de los consumidores, explicó el análisis del Imco.

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Además, la repercusión de los cambios del sector eléctrico al medio ambiente es que harían inalcanzables los compromisos de México en el Acuerdo de París de generar el 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias para el 2024.

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