Economía

Países Bajos limita por primera vez los alquileres del mercado libre debido a la pandemia

La ministra de Interior en funciones, Kajsa Ollongren, este jueves en La Haya.
La ministra de Interior en funciones, Kajsa Ollongren, este jueves en La Haya.BART MAAT / EFE
 

Países Bajos ha estrenado el control de alquileres en el mercado libre, donde las rentas no podrán subir más de un 1% (además de la inflación) durante los tres próximos años. Es la primera vez que se adopta una medida de esta clase en la franja privada del mercado inmobiliario, que afecta a las rentas que superan los 750 euros mensuales, y servirá para proteger a los inquilinos de gastos adicionales durante la pandemia. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso el pasado 9 de febrero, con la única voz en contra del partido de ultraderecha Foro para la Democracia, cuyo líder es Thierry Baudet. Este martes pasó la criba del Senado con el rechazo del mismo grupo político. La medida alcanza a unas 560.000 casas, según fuentes gubernamentales. Se calcula que el año pasado el alquiler subió para cerca de 87.000 inquilinos que estarían ahora protegidos por la nueva legislación.

También podrán dirigirse al Comité de Arrendamiento con sus quejas, un organismo gubernamental que dirime las disputas entre inquilinos y propietarios. Hasta ahora, este recurso solo era aplicable a quienes arriendan por debajo de los 750 euros mensuales de alquiler, lo que se conoce como el mercado social o regulado, cuya subida ya era controlada cada año por el Gobierno. Este segmento afecta a unos 2,3 millones de hogares (un 80% del total de arrendamientos) y el pasado febrero ya se decidió congelar sus rentas en 2021. Con la nueva disposición, todo el mercado pasará a tener, al menos durante tres años, límites al crecimiento de precios, una medida que en España está siendo objeto de fuertes disputas en el Gobierno de coalición.

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El Senado aprobó asimismo este martes sendas leyes relativas a la política de alquileres que deben entrar en vigor a partir de 2022 y tienen en cuenta, entre otras cosas, los ingresos del hogar. Por un lado, podrá contemplarse una subida mayor de la renta a los sueldos altos que a los considerados medios (a partir de 21 años, el salario mínimo bruto interprofesional para 2021 está fijado en 1.684 euros mensuales). Por otro, los dueños del piso en cuestión podrán ofrecer un descuento temporal de la renta —durante un máximo de tres años— si el inquilino tiene problemas de liquidez.

El acuerdo del Gobierno de centro derecha, que ha pasado ahora la criba del Senado, fue pactado en noviembre de 2020 por la socialdemocracia y los ecologistas del partido GroenLinks con los ministerios de Interior y de Finanzas. Además del capítulo de las rentas, incluye una partida de 450 millones de euros para hacer más sostenibles los barrios, en especial los antiguos, y una mejora del acceso a la vivienda social para personas que vivan solas. Según cifras de la Oficina Central de Estadística, los inquilinos del mercado libre pagaron de promedio en 2020 un 2,9% más de renta que el año anterior. Ello suponía el mayor incremento desde 2014 y la oposición criticó al Gobierno por no prestar atención al problema de alojamiento.

Cuando el Senado pidió la congelación de los alquileres a partir del 1 de julio, debido a la crisis del coronavirus, Kasja Ollongren, titular de la cartera de Interior, se negó a ello. Adujo que los inquilinos que tuvieran problemas podrían solucionarlos mejor mediante arreglos privados con su casero, o bien pactando una reducción temporal de la renta. Su postura le valió una moción de censura por parte de los senadores, una medida excepcional reservada normalmente al Congreso por la Constitución de Países Bajos. Fue la primera vez que algo así ocurría en la Cámara Alta desde 1875. En este caso, no se trataba de forzar su dimisión, sino de decirle a la ministra que debía cambiar de política.

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Finalmente, con un amplio consenso político, Ollongren aceptó a poner límites a las subidas de precios en el mercado libre. La situación contrasta con las dificultades que está encontrando en España la futura ley de vivienda, atascada precisamente por la disputa entre PSOE y Unidas Podemos para pactar un borrador y mandarlo al Congreso, donde además los partidos del centro derecha no quieren ni oír hablar de un control de rentas. La situación es difícilmente extrapolable (como muestra el hecho de que Países Bajos ya tenía un 80% de casas dentro del mercado regulado, mientras que en España se estima que el alquiler social apenas supone el 2,5%) y la nueva medida no se corresponde exactamente con ninguna de las dos propuestas que debate el Gobierno de coalición. En tanto que limita legalmente lo que pueden subir los alquileres, se acerca más al planteamiento de Podemos —que no solo quiere limitar las subidas, sino obligar a bajar rentas hasta un umbral máximo en algunas zonas— que al del PSOE, basado en incentivos fiscales a los caseros que bajen el precio voluntariamente.

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