Economía

De 25 céntimos a ocho euros por una mascarilla: la guerra de precios que se saldó con millones de euros para los intermediarios

El 4 de febrero de 2020 las portadas de los periódicos estaban centradas en las interpretaciones que hacían los diferentes partidos políticos del discurso de Felipe VI en la apertura de la legislatura en el Congreso de los Diputados. Algunos medios, sin embargo, hablaban del “coronavirus de Wuhan”, y se le llamaba así porque por entonces parecía que era solo un problema chino, aunque ya se habían detectado los primeros casos importados. Ese mismo día, el Área de Salud de Tenerife compró, vía contrato de emergencia, 1.004 mascarillas FFP2 a 1,40 euros cada una. Siete días después, compró otras 1.200 al mismo precio.

Los primeros casos se habían dado en las islas. Pero no fueron los únicos de esta avanzadilla. El 11 de febrero, el 26 del mismo mes y el 2 de marzo el Servicio cántabro de salud firmó tres contratos similares, un total de 1.400 mascarillas, pero más baratas, a 80 céntimos. A partir de entonces, el precio se disparó. De hecho, una de las empresas a las que compró Cantabria, Barna Import ―la tercera que más se llevó de contratos de emergencia en 2020―, subió el precio hasta los cinco euros el 30 de marzo, cuando vendió mascarillas FFP2 a Murcia. Pero el precio no era igual para todas las administraciones públicas: ese mismo día también las vendió a la Generalitat Valenciana, pero, en este caso, más baratas, a 4,3 euros.

La evolución de la pandemia y la falta de stock de muchos productos a nivel global combinada con la aparición de intermediarios que hicieron negocio de estas necesidades hizo que los precios se dispararan. Así, hubo picos comunes, pero también organismos comprando a precio muy distinto en el mismo momento y hasta a la misma empresa, y algunas cuantías que se salen del gráfico, como demuestra la base de datos creada por Civio [organización independiente y sin ánimo de lucro que vigila a los poderes públicos y presiona para lograr una transparencia en las instituciones] a partir del análisis de todos los contratos de emergencia adjudicados y publicados en 2020 en el portal de contratación de las administraciones públicas. Casi 800 referencias para analizar qué pasó con geles, mascarillas, test y guantes durante la guerra de suministros de ese año.

El rango de precios de las mascarillas FFP2 va de los 25 céntimos a los ocho euros. La primera vez que el Ministerio de Sanidad usó la contratación de emergencia para hacerse con ellas fue el 10 de marzo, poco antes de declarar el estado de alarma, y cuando las mascarillas aún no eran obligatorias ―ni siquiera recomendadas― para la población en general. Las pagó a algo más de dos euros la unidad, muy por encima del precio que solo días antes estaban pagando los cántabros. Pero es que a esas alturas el mercado ya estaba disparado. De hecho, el Servicio cántabro de Salud acabó pagándolas a 5,20. En Mérida, a 6,53 euros. Y en abril los precios explotaron y tocaron su tope: los ocho euros por cada mascarilla FFP2 que pagó la Autoridad Portuaria de Valencia a Almacenes Élite, una empresa que hasta entonces se dedicaba a la papelería.

En octubre, noviembre y diciembre había pasado lo peor (en cuanto a precios). Y ya se compraban las FFP2 por debajo del euro la unidad. De hecho, el Ministerio de Sanidad firmó un millonario acuerdo marco en noviembre para seleccionar distintos proveedores a los que poder comprar productos vinculados con la pandemia a partir de entonces. Una de esas empresas accedió a venderlas por 25 céntimos, el precio más bajo de la base de datos.

Los primeros días del estado de alarma, ante la falta de mascarillas FFP2, el Gobierno autorizó, como excepción, que se vendieran mascarillas sin marcado CE, como las KN95. Con un nivel de protección más o menos equiparable a las FFP2, se han comprado más caras que estas, y eso sin contar con el sello europeo. Si el rango de las FFP2 va de los 25 céntimos a los ocho euros, el de las KN95 va de los 87 céntimos a los 11,25 euros, el precio que pagó en junio la Villa de Ingenio, un pequeño pueblo de las Palmas de Gran Canaria. Es un coste altísimo. De hecho, el siguiente que aparece en la base de datos de Civio, de más caro a menos, es de cinco euros, menos de la mitad.

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Las FFP3, por su parte, son las protagonistas de una de esas situaciones que desafían las supuestas leyes del mercado: Extremadura firmó el mismo día (16 de junio) y con la misma empresa (Comercial Extremeña Hospitalaria) dos contratos para comprar este tipo de mascarilla con precios distintos: en uno a 7,86 euros y, en el otro, a 6,9. Contra todo pronóstico, no las pagó más baratas cuando compró más cantidad, sino al revés: el contrato con el precio más caro era para adquirir más del doble de unidades que el barato.

Tenerife y Cantabria no solo se adelantaron con las mascarillas FFP2, también con las quirúrgicas, que compraron en febrero a cuatro y cinco céntimos cada una. En marzo, el Ministerio aprobó tres compras, todas a dos céntimos la unidad, las más baratas de la base de datos, justo antes de que el precio se disparara. De hecho, el 23 de marzo, solo tres días después de adjudicar el último contrato a dos céntimos, pasó a pagarlas 20 veces más caras, casi a medio euro cada una. Lo hizo a través de dos contratos que firmó el mismo día con FCS, la empresa que más dinero se llevó en 2020 vía contratos de emergencia. En total, compró 430 millones de mascarillas por las que pagó casi 183 millones de euros. Todo adjudicado el mismo día.

Mientras, en otros lugares, la cosa se disparaba aún más. La Agència Catalana de l’Habitatge compró mil mascarillas quirúrgicas directamente a una farmacia a 1,82 euros la unidad. Y, una vez pasado este pico, la cosa bajó, y bastante, pero no lo hizo igual en todos los lugares.

El 19 de noviembre una resolución redujo a 62 céntimos, IVA incluido, el precio máximo al que se podían vender a particulares las mascarillas quirúrgicas en farmacias u otros comercios. Y ese era el tope, porque a esas alturas ya se estaban vendiendo bastante más baratas en muchos comercios. Un día después de que esa decisión llegara al Boletín Oficial del Estado (BOE), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya compró 40.000 mascarillas a ese mismo precio, 62 céntimos. Pero, en su caso, además, ese precio de compra es sin IVA (como todos los de este reportaje). Esto es: en realidad pagaron más que cualquier ciudadano.

En guantes de nitrilo, el rango va de 0,35 a 0,02 euros. Una diferencia que parece pequeña en precio unitario pero se traduce en gastos millonarios cuando se compran de forma masiva.

Bastoncillos y tubos para hacer PCR a más de seis euros la unidad

La falta de información en cada contrato y la complejidad de la técnica hace que sea imposible comparar de forma rigurosa los precios unitarios de los test PCR. Puede que compren todos los compuestos necesarios, solo una parte… Y casi nunca se aclara. Pero sí se puede comparar algo mucho más terrenal: el lote palito (también llamados hisopo, escobillón o torunda) y tubo para extraer y guardar las muestras cuando se hacen estas pruebas.

El 17 de abril, el Ministerio de Sanidad compró 700.000 palitos a más de seis euros cada uno, el precio más alto registrado en la base de datos de Civio. La empresa adjudicataria de este contrato de más de cuatro millones de euros fue Value & Bro, una firma sin trabajadores pero con contactos en China liderada por una abogada malagueña. Un precio desorbitado si se tienen en cuanta que solo diez días después Castilla y León los compró a un euro, el registro más barato.

También se pueden comparar los test de antígenos. El más habitual y preciso es el de Abbot, por eso esta compañía es la cuarta empresa que más dinero se llevó en contratos de emergencia. Desde su aprobación, en septiembre, los vende siempre al mismo precio: 4,5 euros. Comprara quien comprara, eso es lo que costaron los test de antígenos de Abbot.

Pero, en ocasiones, las administraciones decidieron optar por marcas más caras. Castilla y León compró a Roche a 6,5 euros, y a 5,3 a Kalea (una empresa intermediaria que hasta entonces se dedicada a asesorar a empresas españolas con intereses en China). Castilla-La Mancha, a Biotical, a cinco euros. Pero el precio más disparatado fue el que pagó el Ministerio de Sanidad a Interpharma, la empresa que medió para adquirir los test de Bioeasy: no solo salieron defectuosos (aunque la compañía aseguró que había devuelto el dinero de esos) sino que eran carísimos: 21,5 euros cada uno de los 659.000 que compraron. En total, un contrato de 14 millones.

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Garrafas de cinco litros de gel a más de cien euros

En geles hidroalcohólicos, que se pagaron desde menos de 1,4 euros hasta 40 euros el litro, es donde se encuentran mayores diferencias, que, en parte, se explican por el formato: no es lo mismo comprar bidones de cinco litros que envases pequeños. Pero solo en parte.

De hecho, el precio más caro de la base de datos lo pagó la Comunidad de Madrid en abril, que compró botes de 100 ml a cuatro euros cada uno, esto es, a 40 euros el litro. Existe un contrato comparable: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya compraba ese mismo formato a 28,6 euros el litro, bastante más barato, menos de un mes después. Y eso que compró bastantes menos unidades.

Pero el contrato que se pagó a 40 euros el litro no fue el único que firmó la Comunidad de Madrid ese día con la empresa Krape. También les compró 5.000 botellas de medio litro. A formato más grande, precio más barato, claro: ahí ya salía a 20 euros el litro. Pero sigue estando entre los precios más caros. De hecho, la Generalitat Valenciana adquirió a finales de marzo envases similares, de 500 y 600 ml, a otra empresa mucho más barata: les salió a menos de 1,4 euros el litro, el precio más bajo de la base de datos de Civio.

El mismo día que en Valencia encontraban esa ganga, el 27 de marzo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pagó a una farmacéutica de la localidad el gel a 22 euros el litro. ¿Era un formato pequeño y por eso salió tan caro? No. Compró garrafas de cinco litros para la policía local. A 110 euros la garrafa. El nuevo oro líquido.

Han participado en esta investigación: Carmen Torrecillas (visualizaciones) , Miguel Ángel Gavilanes (datos), María Álvarez del Vayo (datos) y Ángela Bernardo (datos) a través de la Fundación Civio.

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