La acusación de discriminación hacia trabajadoras del campo mancha el T-MEC en su primer año

Trabajadores del campo con visa temporal realizan su jornada en Greenfield, California, el pasado 4 de enero.
Trabajadores del campo con visa temporal realizan su jornada en Greenfield, California, el pasado 4 de enero.Brent Stirton / Getty

La primera queja bajo el tratado comercial entre México, Estados unidos y Canadá ha tenido como protagonista a las mujeres. La organización Centro de los Derechos del Migrante (CND) ha presentado este martes el documento ante la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales. En él, se recoge un análisis de los episodios de violencia vividos por las mujeres trabajadoras agrícolas que migran con una visa temporal hacia Estados Unidos para conseguir empleo en el campo. La organización denuncia que se excluye a las mujeres de los reclutamientos para puestos en el campo por su sexo y las desvían hacia trabajos con salarios más bajos donde enfrentan violencia y abusos.

México, Estados Unidos y Canadá inauguraron una nueva etapa comercial el pasado julio con la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC) después de que el expresidente Donald Trump pidiese renegociar el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta primera queja acusa al Gobierno de Estados Unidos de no cumplir las leyes laborales contra la discriminación basada en sexo para las trabajadoras migrantes con visas de migración laboral temporal.

El CND ha documentado cómo “durante 15 años” el Gobierno de los EE UU ha permitido la “discriminación sistémica basada en sexo”. La organización asegura que los anuncios de trabajo para la visa H-2 en redes sociales y en las comunidades de todo México revelan una discriminación abierta basada en el sexo durante el proceso de contratación. “La falta de supervisión del proceso de contratación permite a los empleadores estadounidenses eludir la responsabilidad de la diseminación de género”, reza el documento.

Adareli Ponce Hernández relata que desde la primera vez que fue a Estados Unidos hace 18 años la situación de discriminación hacia la mujer sigue siendo la misma. Ponce salió a buscar trabajo entonces como secretaria en México y fue rechazada. “Tenemos forzosamente que salir a buscar trabajo porque vemos como están las cosas en nuestro país”, ha detallado en rueda de prensa. Ella vivía en el Estado de Hidalgo, dentro de una comunidad migrante donde los hombres migran para buscar ingresos con una visa H2 en trabajos agrícolas en Estados Unidos. Decidió hacer lo mismo. “Ahí empezó mi calvario. Los hombres no batallan nada, pero a nosotras nos señalan por ser mujeres y nos dicen que no podemos hacer ese trabajo”, ha detallado.

Como ella, cientos de miles de trabajadores migrantes cruzan la frontera cada año para trabajar con visas agrícolas H-2A y visas H-2B en industrias no agrícolas, como la construcción y el procesamiento de productos del mar. El 90% de las visas que se conceden se dan a ciudadanos mexicanos, pero menos del 10% del total son para mujeres, según el CDM. “Debido a las prácticas discriminatorias de reclutamiento y contratación, las mujeres quedan en gran medida excluidas del acceso a estas visas”, denuncia la organización. En consecuencia, muchas quedan orilladas a desempeñar trabajos donde sufren abusos y violencia.

Rachel Micah-Jones, fundadora y directora ejecutiva del CDM, ha destacado que la discriminación continúa creciendo en los programas de trabajo temporal. “Al no hacer cumplir sus leyes contra la discriminación, Estados Unidos está fomentando la inequidad de género. Los Gobiernos de México y Estados Unidos deben responder de manera rápida y significativa para demostrar que las protecciones laborales bajo el T-MEC no son solo palabras en papel”, ha sentenciado.

La queja pide además que se adopten las medidas necesarias para abolir la segregación de las mujeres en los puestos del campo. Entre ellas, recomiendan hacer más accesible el canal de quejas para las trabajadoras en varios idiomas, investigar los lugares de trabajo para detectar casos de discriminación, así como facilitar el acceso a servicios legales para denunciar malas prácticas en el campo.

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