Leyes y gobierno

Sólo 38.7% de los trabajadores en México recibe pago de utilidades

A pesar de que las autoridades han enfatizado que el reparto de utilidades es un derecho constitucional, menos de la mitad de la fuerza laboral recibe un pago por este concepto; es la prestación laboral con menor alcance.

El reparto de utilidades se ha convertido en una utopía para la mayoría de los trabajadores. Sólo el 38.7% de la fuerza laboral de nuestro país participa en las ganancias anuales de las empresas, revelan datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho protegido por la Constitución y regulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), sin embargo, de acuerdo con la información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es la prestación laboral que menos cobertura tiene entre la población asalariada del país.

Según el Censo, el PTU tiene un alcance casi 10 puntos porcentuales por debajo de los créditos a la vivienda —penúltima prestación que mayor cobertura tiene— al que tiene acceso el 47.5% de la fuerza de trabajo y 22.9 puntos porcentuales por debajo del aguinaldo, la prestación que más reciben los asalariados.

Autoridades federales, empresarios y representantes de trabajadores acordaron topar el monto del PTU a tres meses de salario para avanzar con la reforma que cerrará la llave a la subcontratación laboral, únicamente permitiendo la tercerización de servicios especializados. Se espera que con esta medida se incremente también la proporción de participación de los trabajadores en las ganancias anuales de las empresas.

Actualmente, de acuerdo con el Inegi, los trabajadores reciben en promedio 22 días de salario por concepto de PTU, lo que equivale a 7,301 pesos. El tope propuesto, el cual será incluido en un proyecto de cambios al artículo 127 de la LFT para discutirse junto con la reforma de subcontratación, elevaría el promedio a 57 días pagados, equivalente a 18,557 pesos.

El reparto de utilidades es un tema que el sector empresarial solicitó que se revisara a fondo, reconociendo que el crecimiento en el uso del outsourcing estaba ligado a controlar el pago del PTU para evitar “distorsiones”, como repartir ganancias que no están ligadas al trabajo de las personas. Algunos ejemplos son las utilidades generadas por ventas de activos, fluctuación cambiaria, intereses de préstamos otorgados, regalías, estímulos fiscales, entre otros.

En ese sentido, líderes empresariales argumentaron que prohibir la subcontratación laboral sin topar el reparto de utilidades le restaría competitividad a las organizaciones y generaría más distorsiones en el mercado.

La baja cobertura del PTU no está ligada en su totalidad a los esquemas de outsourcing¸ la Ley Federal del Trabajo excluye a directores, administradores y gerentes generales de la participación de las utilidades y además algunas empresas están exentas de repartir sus ganancias entre la fuerza laboral, por ejemplo, las organizaciones de nueva creación.

Después de varias mesas de diálogo tripartito, se alcanzó el acuerdo para que exista un tope en la PTU de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, el monto que resulte más alto entre las dos alternativas.

Mismo derecho, diferentes realidades

Mientras el 61.7% de los trabajadores no recibe utilidades y, en promedio, se pagan 22 días por este concepto, hay sectores como el acerero, donde el PTU llega a representar hasta ocho meses de sueldo del trabajador, o el minero, con pagos de hasta 300,000 pesos, debido a la fluctuación en el precio de los metales.

De esta manera, incorporar un pago con base en el promedio de la participación recibida en los últimos tres años es una manera de proteger los derechos de los trabajadores de esas industrias que reparten más de tres meses de salario, afirmó Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

“Lo que más favorezca al trabajador, así está el proyecto de ley”, puntualizó el líder sindical.

Para González Guzmán, la reforma de subcontratación y el tope al PTU son un intento de poner un piso parejo entre todos los trabajadores, considerando que hay una parte de la fuerza laboral que no participa en las ganancias de las empresas.

“Aparentemente era una situación injusta”, pero tenía matices, porque algunos trabajadores que reciben un reparto de utilidades superiores a un año de salario, como los mineros, tienen salarios más bajos que los trabajadores más especializados”, expresó.

Por su parte, Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, consideró que el acuerdo alcanzado en el marco de la discusión de la reforma de subcontratación es un avance. “Antes no se otorgaba el reparto de utilidades, ahora se pretende que sí se otorgue”.

El planteamiento en materia de PTU será un beneficio generalizado, especialmente para los trabajadores que menos ganan, acotó el especialista.

Solución práctica

Óscar de la Vega, socio de la firma D&M Abogados, calificó el acuerdo como una medida práctica, porque desaparecer la subcontratación laboral sin topar el PTU hubiese incrementado el impuesto corporativo para las empresas de alta rentabilidad.

“El 10% al PTU sin tope alguno sí era lapidario para algunas organizaciones, porque si se sumaba al 30% del ISR, más el 5% de dividendos, dejaba a las empresas en total desventaja. Es una medida práctica y acertada dentro de lo que cabe”, afirmó el abogado laboralista.

En el sector financiero, por ejemplo, la desaparición del outsourcing sin un tope al reparto de utilidades hubiese implicado repartir hasta 24 meses de utilidades, comentó el especialista. “Por ello es una medida práctica, positiva”.

Sin embargo, el porcentaje de ganancias que se reparte entre los trabajadores, igual al de la década de los ochenta, continúa siendo desproporcionado a la realidad de la economía en la actualidad, opinó Óscar de la Vega.

Por ahora, concluyó, el acuerdo es una solución que ayuda al sector empresarial, pero el fondo del problema es el porcentaje. “Es una solución parcial al problema”.

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