Economía

El campo andaluz vuelve a la calle, ahora a cuenta de las reformas de la PAC

Tractorada  desde  el Circuito de Velocidad hasta el centro de Jerez de la Frontera Jerez, organizada por las organizaciones representativas del sector agrario de Cádiz para protestar contra el decreto de convergencia de la PAC
Tractorada desde el Circuito de Velocidad hasta el centro de Jerez de la Frontera Jerez, organizada por las organizaciones representativas del sector agrario de Cádiz para protestar contra el decreto de convergencia de la PACJuan Carlos Toro
 

La última vez que el campo andaluz salió a la calle a protestar con sus tractores, el pasado de febrero de 2020, la crisis del coronavirus estaba a punto de estallar. Los agricultores se quejaban entonces de estar asfixiados por el escaso margen entre los costes de producción y los precios de venta. Más de un año después y en una pandemia en la que han sido esenciales para abastecer al país, han vuelto a la calle, en Jerez de la Frontera (Cádiz). Y ahora, aunque la queja por el escaso margen de beneficios sigue latente, la guerra es otra: los empresarios del campo están en pie de guerra contra el nuevo reparto de la Política Agraria Común (PAC) establecido por el Ministerio de Agricultura para el marco 2021-2027.

Aunque los casi 50 tractores han llegado a la explanada del fin de manifestación —en las inmediaciones del parque González Hontoria— al ritmo del Desátame de Mónica Naranjo, los ánimos entre los presentes no estaban para fiestas. Las organizaciones convocantes Asaja, COAG y UPA se han mostrado inquebrantables en su oposición al Real Decreto de transición de ayudas aprobado por el Ministerio el pasado 27 de enero, pese a que este jueves esas mismas entidades se reunieron con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para intentar llegar a un acuerdo. Los agricultores se quejan de que la medida supondrá “un leñazo de más del 20% de las ayudas de 2021 que afectará a un 60% de las explotaciones en Andalucía”, según se ha quejado Pedro Gallardo, presidente de Asaja en la provincia.

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Este pasado jueves, Planas se abrió a flexibilizar las normas de esta transición para 2022 —antes de que en 2023 entre en vigor la reforma de la política agraria que ahora se negocia en la Unión Europea—, aunque descartó hacerlo para este mismo 2021 por problemas de seguridad jurídica. Gallardo ha criticado “la nocturnidad y alevosía del decreto” y ha pedido al Ministerio que apueste por una convergencia gradual del 75% en las ayudas hasta 2026, igual que hacen otros países del entorno como Portugal, en lugar de acelerarlo en apenas dos campañas.

Pero ese es solo uno de los caballos de batalla que tiene el campo en Andalucía, descontento con la reforma de la PAC que se vislumbra a medio plazo. Actualmente, la región recibe 1.300 millones en pagos a agricultores y ganaderos, de los 4.800 millones anuales que recibe España. Los empresarios del campo andaluces ven ahora con temor cómo la reducción de regiones agronómicas —actualmente hay 50 y podrían reducirse ostensiblemente— o la desaparición de la referencia históricas pueden provocarle pérdidas especialmente acusadas. Con estas reformas, el Gobierno pretende igualar más las ayudas que reciben todos los empresarios españoles, actualmente variables en función de la región.

Para Miguel López, secretario general en Andalucía de COAG, la reforma supone “poner la casa al revés”. El responsable ha defendido que el cambio implicará “desmantelar la distribución de la riqueza” y que, a la larga, puede “cargarse la fijación de la población” que suponen estas ayudas en zonas rurales. El agricultor tampoco está de acuerdo con la tasa plana que traerá la reforma y a la que también ha manifestado su oposición la Junta de Andalucía. Este viernes, representantes en la provincia de la administración andaluza (PP) han estado presentes en la marcha, además de responsables de Izquierda Unida.

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López mira el futuro con preocupación mientras ve cómo los cambios en la PAC pueden suponer “la entrega del campo a grandes fondos de inversión, como está pasando”. Sin embargo, Planas ha defendido en reiteradas ocasiones que la reforma persigue justo lo contrario: mejorar la redistribución. En estos momentos, de un total de 644.251 beneficiarios que hubo en 2019, solo 2.808 reciben más de 60.000 euros. Eso supone un 0,43% de los receptores, que controlan el 8,6% de la superficie y reciben el 10,5% de los pagos (290 millones), según datos analizados por EL PAÍS el pasado mes de febrero.

“No queremos ayudas, sino precios [mínimos]. Si no nos dan precios, que no nos toquen las ayudas”, ha bramado López ante el micrófono. A pocos pasos, Rocío Román, una joven de 22 años era una de las pocas mujeres que ha estado presente en la manifestación. Dedicada con su empresa familiar al cultivo de unas 400 hectáreas a renta, seguía las palabras de Gallardo y López con preocupación. “Con lo caro que está el precio de la semilla y ahora encima se hace más complicado si te recortan”, se ha quejado la agricultora. Por eso, la joven intuye que la de este viernes de Jerez será la primera de muchas manifestaciones. “Esta lucha no ha hecho más que empezar”, ha avanzado Azucena González, secretaria general de UPA Cádiz, poco antes de que los tractores volviesen, por ahora, de nuevo a sus respectivos campos.

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