Leyes y gobierno

Morena propone seguro de desempleo con cobertura de hasta $25,000

El Senado de la República analizará una propuesta para crear la Ley del Seguro de Desempleo como un apoyo por cuatro meses, extendible hasta seis meses en casos de emergencia, el cual seria administrado por la STPS.

El Senado analizará un proyecto de ley con el que se plantea crear un seguro de desempleo equivalente a 30 días de salario mínimo —actualmente 4,251 pesos mensuales— el cual podría extenderse hasta por seis meses en casos de emergencia. En suma, las personas beneficiadas por esta medida podrían recibir en suma 25,506 pesos.

La propuesta de Ley del Seguro de Desempleo, presentada esta semana en la Cámara Alta, sería el marco legal que regularía este apoyo económico para los trabajadores formales. El proyecto plantea que el beneficio será cubierto con recursos federales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sería la autoridad responsable del programa al que podrán acceder las personas una vez cada dos años.

“Se prioriza la idea de que el programa de seguro de desempleo opere con recursos de la federación toda vez que otros esquemas, más apoyados en la lógica de cuentas individuales con participación tanto de los patrones como de trabajadores, impone una carga adicional sobre todo para los segundos, lo cual significaría la creación de un derecho en detrimento de otros”, afirma la senadora Imelda Castro Castro (Morena), autora de la iniciativa.

El proyecto plantea un seguro de desempleo por hasta cuatro meses, extendible hasta seis meses en casos de emergencias sanitarias y desastres naturales. Tendría un impacto presupuestal de entre 22,176 a 35,481 millones de pesos, es decir, entre 0.09 y 0.15 del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la pandemia cobró una factura de 12.5 millones de empleos, esa fue la cantidad de personas que salieron de la población ocupada en abril del año pasado. A pesar de que el mercado laboral ha mostrado signos de recuperación, hay 3.8 millones de mexicanos que no han logrado reincorporarse a un trabajo.

En América Latina, economías como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay cuentan con un seguro de desempleo con cobertura nacional, de acuerdo con información del Banco Mundial. En nuestro país, sólo la Ciudad de México tiene este beneficio.

Hasta el momento, lo más cercano que hay a un seguro de este tipo en México son los retiros por desempleo de las administradoras de fondos para el retiro (afore), una opción a la que sólo pueden acceder las personas trabajadoras después de 46 días de haber perdido su fuente de trabajo y que afecta en sus semanas de cotización.

“El seguro de desempleo es un mecanismo de política pública que logra proteger a las familias, contribuyendo con la estabilidad del consumo y la reactivación del mercado interno, esto sin dejar de mencionar el potencial que tiene para mejorar la capacidad de las personas trabajadoras en pos de una reincorporación en condiciones más favorables al mercado laboral”, subraya Imelda Castro.

La propuesta de ley contempla como una de las obligaciones para las personas que reciban este apoyo la asistencia a jornadas de capacitación para promover la reinserción laboral y la participación en programas de empleo.

En caso de que un beneficiario del seguro de desempleo encuentre un trabajo antes de concluir los cuatro meses, el plazo máximo para recibir el apoyo, deberá notificarle a la STPS en un plazo no mayor a cinco días hábiles para la cancelación de la prestación.

El proyecto establece que el derecho al seguro de desempleo es personal e intransferible, las personas trabajadoras deben cumplir con cinco requisitos para ser beneficiarios:

  1. Ser mayor de 18 años.
  2. Haber laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona con domicilio fiscal en el país, por al menos seis meses.
  3. Residir en el territorio nacional.
  4. No percibir otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa, ni ser beneficiario de cualquier programa social otorgado por el gobierno federal.
  5. Ser demandante activo de empleo.

La Secretaría del Trabajo se encargaría de expedir las reglas de operación y las bases para obtener el apoyo mensual.

Proyectos en la congeladora

Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos legislativos por establecer un mecanismo de protección para las personas que han perdido su empleo o no pueden trabajar a causa de una emergencia.

El ingreso vital es una de esas propuestas que se mantienen congeladas. La iniciativa ha sido respaldada por legisladores de casi todos los grupos parlamentarios y busca establecer un apoyo mensual de un salario mínimo —4,251 pesos— hasta por tres meses y con una ampliación por hasta dos meses adicionales.

Esta compensación monetaria entraría en vigor en situaciones en las que por cualquier tipo de contingencia o suceso imprevisto se afecte gravemente la economía nacional, la ocupación laboral y los ingresos o remuneraciones de las personas.

La iniciativa de ley para el ingreso mínimo vital no es la única propuesta que pretende garantizar un monto a las personas que pierden sus ingresos en un contexto de emergencia.

En este contexto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso una reforma constitucional para establecer el derecho de todos los mexicanos a este ingreso vital.

Los legisladores del sol azteca destacan que, tan sólo con el 52% del presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se puede garantizar un ingreso mínimo vital equivalente al salario mínimo vigente y por cinco meses a los 707,000 trabajadores formales que perdieron su empleo, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Propuesta para afiliados al IMSS

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es otra de las fuerzas políticas que ha buscado impulsar mecanismos de protección para trabajadores que pierden su empleo a través de una reforma a la Ley del Seguro Social para incluir el seguro de desempleo entre los beneficios del régimen obligatorio del IMSS.

Este seguro de desempleo sería costeado con el 0.20% de las aportaciones del Estado para las prestaciones y seguros a los que pueden acceder los afiliados. Mientras tanto, el monto de este beneficio se determinaría con el salario promedio de las últimas 24 semanas de cotización, con una base mínima de cálculo de dos veces el salario mínimo y, como límite, el equivalente a 10 salario mínimos.

El apoyo económico para las personas desempleadas se otorgaría hasta por tres meses cada dos años y la asignación del monto también estaría sujeta a el estado de necesidad y nivel de ingresos, si tienen hijos en edad escolar, menores de edad o con alguna discapacidad.

En esta iniciativa, entre los requisitos para acceder al seguro de desempleo se encuentran haber cotizado al IMSS por más de 12 bimestres y que la contratación en el último empleo haya sido por más de 3 bimestres (6 meses).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), contar con seguros de desempleo es una de las áreas de oportunidad en la región para la construcción de sistemas universales e integrales de protección social en un contexto de mayor pobreza y vulnerabilidad.

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