Economía

La pugna por la primera fábrica de baterías en España abre otra batalla territorial

La construcción de una fábrica de baterías en España, el primer gran proyecto industrial que prevé impulsar el Gobierno con la ayuda de fondos europeos, amenaza con desempolvar una nueva batalla territorial. Cataluña, Aragón, Extremadura, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana ha mostrado su interés en captar una inversión que podría acercarse a los 2.000 millones de euros y generar centenares de empleos. Y una genérica mención de la ministra de Industria, Reyes Maroto, a que la planta se pudiera levantar “cerca de Martorell”, donde se encuentra la factoría de Seat, que ha liderado el desarrollo del proyecto, generó una polémica que obligó a matizar esas palabras. Ahora desde el gabinete de Industria se defiende que la decisión definitiva se tomará sobre “criterios técnicos que establecerá el consorcio público privado que se cree”.

Fuentes conocedoras del proceso aseguraban hace meses que la ubicación, todavía en el aire, la acabaría decidiendo el socio tecnológico que decidiera impulsar el proyecto y que todavía es una incógnita. Y que esa decisión podría depender tanto de los incentivos sobre los terrenos o la proximidad con las plantas demandantes de baterías. La creación de ese consorcio mixto, en el que además de participación estatal podría haber participación autonómica, puede modificar esa capacidad de decisión y hacer valer el voto de calidad gubernamental.

“Hablé el viernes pasado en una conversación que fue bastante reveladora y retomé mi ilusión por el proyecto”, aseguró la semana pasada el presidente de la Junta de Aragón, Francisco Javier Lambán, uno de los dirigentes autonómicos que expresó su malestar ante la posibilidad de que ya se hubiera decidido la inversión en Barcelona. Como Aragón, la Xunta de Galicia también lamentó la decisión y arremetió contra el Ejecutivo central de dejar de lado la “transparencia, concurrencia competitiva y el lanzamiento de convocatorias públicas” que demanda la Unión Europea para el uso de los fondos de reactivación. El Gobierno de Castilla y León, con las fábricas de Palencia y Valladolid de Renault, pide un esfuerzo para distribuir los beneficios de los fondos europeos y reducir el impacto de la España vaciada. El más duro de todos fue el alcalde de Cáceres: “Esa fábrica de baterías [supuestamente la de Martorell] no se va a nutrir con litio de la Sierra de la Mosca [cerca de la ciudad] porque no vamos a permitir que haya una explotación minera que condicione y sacrifique el futuro de una ciudad extremeña, nuevamente, por el desarrollo industrial de otras zonas del país”.

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La pugna territorial por proyectos significativos no es nueva. A principios de los años 2000 Cataluña presentó su candidatura para albergar la fábrica de Eurocopter cuando el Gobierno central apostaba por Madrid. Y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tampoco ha dudado en explicitar su apuesta por quitar la sede del Mobile World Congress, la más prestigiosa feria de tecnología móvil del mundo, instalada en Barcelona. El origen de esa pugna por la fábrica de baterías tiene su origen en un viaje encabezado por el secretario de Industria, Raül Blanco, a China para buscar posibles grupos asiáticos interesados fabricar celdas de baterías en España, el segundo mayor fabricante europeo y sin una de esas grandes instalaciones. Gobiernos como el del País Vasco y Cataluña ya habían iniciado esa carrera por separado.

“Tenemos fundamentos muy sólidos para albergarla [la planta] y sobre todo es que hemos trabajado más que nadie. Vamos a estar ahí peleando hasta el final”, señalaba Lambán. Aragón tiene a favor su ubicación intermedia entre dos fábricas (la de Martorell y la de Pamplona de Volkswagen) que se proveerán de esa primera fábrica. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, explica que la semana pasada la Zona Franca de Vigo presentó ante Industria un manifiesto de interés para captar esa inversión: “Lo que nosotros planteamos puede ser complementario a otros proyectos”. Cataluña también opta, con los terrenos aún ocupados por Nissan, pero también con otros en Tarragona y hay interés en alcaldes de la zona donde está ubicada Seat que se instale allí.

En Extremadura, el grupo Phi4tech plantea un proyecto industrial de baterías en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo de Badajoz, basándose en el litio que explotará Lithium Iberia en la mina de Las Navas, en Cáceres, aunque su capacidad, de un máximo de 10 gigavatios, es inferior a la que supuestamente demandaría un gran fabricante de automóviles. Desde el Gobierno autonómico se evitan las polémicas: “La postura de la Junta continúa en la línea de seguir trabajando intensamente para que puedan asentarse en la región grandes proyectos que generen actividad económica y empleo vendiendo las bondades y los espacios logísticos que tenemos. Pero, hasta llegado el momento, es política de la Junta de Extremadura no hacer comentarios sobre posibles proyectos empresariales.”

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Proyectos con mucho tiempo detrás

Comunidad Valenciana tiene su propio proyecto bajo el paraguas de la Alianza Valenciana de Baterías, en el que lleva trabajando dos años y que lidera Power Electronics. En ese caso, el socio automovilístico tendría que ser Ford, la gran factoría de la comunidad, aunque no está integrado en el consorcio y se prevé una inversión de 2.000 millones de euros, aunque no solo se piensa en la automoción: también se plantea producir baterías para el fabricante de trenes Stadler e incluso para yates de lujo. “En Valencia se aplaude la apuesta por Seat y se ofrece todo el apoyo. Si se fabrica un coche eléctrico en España, eso nos beneficiará a todos”, señalan desde el Ejecutivo valenciano.

Una alianza formada por Extremadura, País Vasco, Navarra y Andalucía ha presentado otro manifiesto de interés que plantea la construcción de una fábrica de baterías de estado sólido –una tecnología más eficiente de las que se utilizan actualmente– en el País Vasco. “No nos vamos a preocupar antes de tener el PERTE. Creemos que nuestro proyecto encaja plenamente con todo el mecanismo”, señala el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial de Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, quien aspira a que la comunidad albergue una instalación para ensamblar las baterías en los packs que finalmente se montan en los vehículos.

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