Economía

La patronal agraria pide que no se aplique en el campo el plan contra la temporalidad fraudulenta

Temporeros faenan en un olivar en Sevilla.
Temporeros faenan en un olivar en Sevilla.Paco Puentes
 

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha pedido que se suspenda en el campo el plan de choque contra el fraude en la contratación temporal. En una carta enviada por el presidente de la patronal del campo, Pedro Barato, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apunta que esta campaña que busca la regularización de los abusos en la temporalidad abusiva ha causado “un profundo malestar y preocupación […] no solo en las empresas a las que se ha dirigido ya la Inspección, sino también […] en muchos de los trabajadores afectados”.

La misiva, remitida al Ministerio de Trabajo el pasado 10 de marzo, ha sido acompañada este lunes de la publicación de un comunicado de la organización, miembro de la CEOE. En él se informa del “envío de forma masiva de miles de cartas dirigidas a los empresarios agrícolas, en forma de comunicación”. En esta nota informativa, Asaja admite que en esas cartas la Inspección les recuerdan a las empresas “la normativa sobre los contratos temporales y su conversión a indefinidos”.

Concretamente, la carta que la Inspección envía a las compañías, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, les informa de que ha puesto en marcha un plan de choque contra el fraude en la contratación temporal y les indica en un listado cuándo puede estar dándose esa situación. A continuación les señala una relación de empleados de la empresa en la que podría estar incurriéndose en ese fraude. El objetivo es “que la empresa proceda a la transformación de los citados contratos de duración determinada en los que se han superado los períodos máximos autorizados”. En caso contrario, se advierte “de la correspondiente actuación inspectora […] una vez transcurrido el plazo de un mes”.

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El pasado 22 de febrero, la Inspección de Trabajo puso en marcha este plan contra el abuso en la contratación temporal, la irregularidad más extendida en el mercado laboral español. Este empezó por el envío de casi 60.000 cartas como la citada anteriormente a sendas empresas en las que se habían detectado situaciones de fraude potencial que afectaban a 122.528 trabajadores. El resultado de esta campaña ha sido muy significativo en el poco tiempo que lleva en marcha. En apenas 18 días —hasta el pasado 12 de marzo— se han convertido en fijos casi 61.000 contratos temporales.

Como apunta la propia carta que el presidente de Asaja ha enviado a la ministra Díaz, la Inspección utiliza en este plan la Herramienta de Lucha contra el Fraude. Con este recurso tecnológico, Trabajo cruza datos de afiliación de la Tesorería de la Seguridad Social, los de contratación del SEPE y, en ocasiones, los de la Agencia Tributaria, y a partir de ahí detecta cuándo se puede estar incurriendo en el fraude. Sucede, por ejemplo, cuando un contrato de obra o servicio sigue en vigor durante más de 48 meses o se han encadenado contratos temporales por 24 meses en un periodo de dos años y medio.

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Asaja opina en su comunicado que esta campaña contribuye a la “demonización del campo”. Y eso le lleva a reclamar al Ministerio de Trabajo “que se tomen las medidas que correspondan en orden a suspender las acciones que ya están en marcha y las actuaciones inspectoras anunciadas en dichas cartas, hasta tanto no se pueda actuar con verdadero conocimiento de la situación del sector, prestando la merecida consideración a la marcada estacionalidad”. Además, han solicitado un encuentro con la ministra, aunque todavía no hay fecha.

Este no es el primer desencuentro entre esta organización agraria y la titular de Trabajo. Ya expresaron sus diferencias, por ejemplo, con la subida del salario mínimo interprofesional, que según Asaja rompe la negociación colectiva e incrementa los costes de las explotaciones. También pidió el cese de la ministra Díaz “por su grave afrenta al sector agrario por una campaña dirigida desde ese ministerio para detectar casos de esclavitud o prácticas similares en explotaciones agrícolas, lo que obviamente nada tenía que ver con la realidad del campo español”, añade la nota de Asaja.

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