Política

Gobierno y Odebrecht llegan a un acuerdo sobre suministro de gas etano con Braskem-Idesa

El gobierno federal y Odebrecht llegaron a un acuerdo sobre el suministro de gas etano que proporciona Braskem-Idesa a Petróleos Mexicanos (Pemex), que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado de leonino.

Octavio Romero, director de la empresa productiva del estado, recordó que en 2010, durante la administración de Felipe Calderón, se firmó un contrato con Braskem-Idesa -filial de Odebrecht- para el suministro de gas.

Dicho acuerdo establecía el suministro de 66,000 barriles diarios de gas etano por 20 años, más prórrogas de hasta 15 años adicionales, con penas de 200% del costo si se entregaba menos. Ahora, el suministro obligatorio es de 30,000 barriles diarios por tres años y no hay penas. 

Además, Pemex acepta colaborar para que Braskem-Idesa invierta en una terminal de importación de gas etano.

Sobre el precio del gas etano, en el contrato de 2010 se establecía que el pago era de 30% por debajo de la referencia internacional y ahora deberá pagar el 100%. 

Mientras que el costo de transporte del gas etano, nacional e importado ya no correrá por cuenta de Pemex, sino por Braskem-Idesa.

“Se establecen penas equitativas y bilaterales en condiciones justas de mercado, que garanticen la consecución del contrato. Se eliminan las cláusulas que establecen penas desproporcionadas y leoninas”, dijo Oropeza.

Entraron en razón, no podíamos incumplir el contrato del etano, porque entonces iban agarrar eso de pretexto para irse a tribunales,

dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador

De acuerdo con las estimaciones del gobierno, el acuerdo entre Pemex y Braskem-Idesa representa un ahorro de 12,749 millones de pesos.

Otros acuerdos que ha logrado esta administración bajo el argumento de los “contratos leoninos” fue en el tema de gasoductos.

El gobierno de López Obrador había objetado cláusulas en contratos otorgados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sexenio de Enrique Peña Nieto para el servicio del transporte de gas natural.

La administración federal sostenía que los términos de esos contratos, vinculados a siete gasoductos y cuatro empresas, dañaban las finanzas de la eléctrica nacional.

Recientemente, el gobierno también anunció que se negociaría con penales privados, pues es un “abuso” el pago de 3,800 pesos que se paga al día por persona privada de la libertad.



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