Leyes y gobierno

Explotación y abuso serán reciclados en los nuevos programas de migración a EU

El Centro de Derechos del Migrante advierte sobre el peligro de ampliar las visas de trabajo temporal hacia la Unión Americana mientras continúen las violaciones a los derechos de quienes migran de manera documentada.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a su homólogo estadounidense, Joe Biden, ampliar las visas de trabajo temporales para inmigrantes. Sin embargo, el programa que existe actualmente para la migración laboral documentada, administrado por Estados Unidos, o el programa Bracero, que existió en los años 40 mediante una alianza bilateral, han resultado en “abusos y explotación”.

Al presidente mexicano “le importan sus remesas y a Biden, que sus sectores que necesitan de mano de obra se abastezcan. Y las personas migrantes se quedan entre la espada en la pared, sin protección”, señala en entrevista Evy Peña, del Centro de los Derechos del Migrante (CDM).

En la primera reunión entre ambos mandatarios, llevada a cabo el 2 de marzo de manera virtual, López Obrador trató este tema. Indicó que era necesario analizar cuánta fuerza de trabajo requieren las economías de los tres países de América del Norte para crecer.

“A ver, cuántos trabajadores vamos a requerir. Y por qué tienen que llegar a Estados Unidos de manera irregular, sufriendo, padeciendo, hasta de violación de sus derechos humanos. De ahí el planteamiento de que se puedan ampliar las visas de trabajo temporal, que se amplíen considerablemente a partir de un estudio”, informó en la conferencia mañanera del día posterior.

La experiencia actual

Una de las visas de trabajo temporal que autoriza el gobierno de Estados Unidos es la H-2A. Es para labores agrícolas no tiene restricción en cuanto al número que puede llegar a otorgar, a diferencia de las H-2B para trabajo no agrícola, de las que sólo expide 66,000 cada año fiscal.

El reclutamiento de personas mexicanas inicia cuando una compañía en aquel país no encuentra al personal que necesita y, entonces, el Departamento del Trabajo le permite solicitarlo en otro país. Mediante empresas o personas intermediarias, busca en México a hombres, principalmente, para laborar en sus campos.

Esas intermediarias le cobran altas tarifas a las personas en México por la conexión con un empleador en Estados Unidos. Pero muchas veces sólo las estafan. Las y los migrantes también deben pagar el costo de su traslado, con la promesa de que les será devuelto ese gasto al llegar. Una gran parte, pide dinero prestado para poder sufragar todo esto.

Esa visa sólo les permite permanecer en Estados Unidos por un tiempo y mientras esté laborando para la empresa que les contrató. No pueden cambiarse de trabajo y si los despiden no tiene derecho a continuar en ese país.

“Estos programas de trabajo facilitan la explotación de las personas. Si alguien se queja y reporta las violaciones a sus derechos es muy fácil que un empleador estadounidense simplemente se deshaga de esa persona”, señala Evy Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo del CDM.

Ante el temor de ser despedida y deportada, con una deuda que contrajo para llegar ahí, la persona resiste los malos tratos. La activista señala mientras México no vigila ni regula el proceso de reclutamiento, en Estados Unidos se explota y se obstaculiza el acceso a la justicia.

Programa bracero, un mal antecedente

En 2020 el expresidente Donald Trump suspendió la emisión de visas de trabajo no agrícola H-2B. Pero mantuvo las H-2A, por considerar que era una actividad esencial.

Esta retórica es peligrosa, considera Evy Peña, pues mira a esos trabajadores y trabajadoras como objeto, “si prestan servicios esenciales, por ejemplo, son útiles y merecen el respeto a sus derechos. No, es porque son personas”.  Se requiere de un “modelo alternativo de migración laboral. Uno que ponga al centro a las trabajadoras y trabajadores, a sus familias y sus comunidades”.

Pero lo que pudiera ocurrir es que se “recicle” el programa Bracero. “Es un precedente muy peligroso, con una historia de explotación que se omite del análisis de los gobiernos de ambos países. Es algo alarmante”, puntualiza.

En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitó de mano de obra, por lo que firmó acuerdos con México para proveerse de ella. Entre 1942 a 1968 más de 4.5 millones de trabajadores mexicanos laboraron en diferentes industrias de aquel país y el 10% de sus salarios era enviado a su país a un fondo de ahorro.

Sin embargo, a su regreso, luego de años de trabajo en condiciones de explotación, no recibieron ese dinero ahorrado. Para solucionarlo, en 2005 el Congreso creó el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios. Mediante ese fideicomiso se le entregaría 38,000 pesos a cada trabajador.

Desde 2015 que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó de pagarles y no lo ha retomado la actual administración. Por ello mantienen demandas contra el gobierno federal para que les sea devuelto su dinero.

Discriminación por sexo y edad

El nuevo modelo de migración laboral debe eliminar la discriminación, subraya Evy Peña. “En el programa bracero solo podían irse hombres. Del total de las visas H-2A otorgadas, sólo 6% ha sido para mujeres, hay una exclusión sistemática de ellas en la reclusión”.

Las personas mayores también son relegadas de estas oportunidades de trabajo, agrega. Este tipo de programas, como están concebidos, buscan la fuerza de hombres jóvenes para aguanten la explotación, señala. “Y se da por sentado que así debe ser, cuando la discriminación por sexo o edad es ilegal” en ambos países.

“Nosotros tenemos una fuerza de trabajo joven, muy creativa, y los países de Centroamérica y de América (también). Es cosa de ordenar el flujo migratorio” hacia Estados Unidos, dijo el presidente López Obrador en la conferencia del 3 de marzo.

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