Economía

La Policía Nacional registra dos plantas en A Coruña y Avilés vendidas por Alcoa en 2019

Un furgón de la Policía Nacional a las puertas de la factoría Alu Ibérica en A Coruña, antigua planta de Alcoa.
Un furgón de la Policía Nacional a las puertas de la factoría Alu Ibérica en A Coruña, antigua planta de Alcoa.Cabalar / EFE
 

La Policía Nacional ha desplegado este jueves un operativo en las plantas de aluminio que pertenecían Alcoa en A Coruña y Avilés, en el marco de una investigación por una presunta venta fraudulenta. Ambas fábricas habían sido traspasadas en julio de 2019 al fondo suizo Parter y, posteriormente, al grupo Riesgo, tras la negociación de un ERE que afectaba a 688 trabajadores de ambas centrales. Ninguna de las plantas ha conseguido reiniciar la producción desde entonces. Esta operación es objeto de una querella de los sindicatos admitida por la Audiencia Nacional el pasado 22 de diciembre. Fuentes de la multinacional estadounidense aseguran que la firma está cooperando con las autoridades y recuerdan que también ha presentado una demanda contra el grupo suizo relacionada con la compra de acciones en las dos centrales.

El dispositivo se ha iniciado cerca de las 9.00 y ha contado con la participación de más de 100 agentes, entre ellos funcionarios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según explica la Policía. Se han registrado 11 domicilios de personas fiscales y físicas en cinco ciudades: Madrid, A Coruña, Asturias, Málaga y Castellón. La investigación es coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y dirigida por la Audiencia Nacional, que hace tres meses admitió una denuncia de los sindicatos en la que se advierte de una falta de claridad en las sociedades detrás de Alu Ibérica, la empresa que gestiona actualmente las fábricas. En el auto de admisión, la jueza pidió a la UDEF que se investigue la titularidad real de las plantas, sus socios y cualquier elemento relevante para determinar su posible solvencia, debido a la sospecha que levantaron los trabajadores.

La venta de las plantas ha sido constantemente criticada por el incumplimiento de compromisos. Los trabajadores cuentan que Parter se comprometió a conservar todos los empleos de las plantas por, al menos, los siguientes dos años. Sin embargo, este compromiso se rompió, sostienen, al venderlas a grupo Riesgo en abril de 2020. El último comprador tampoco ha hecho ninguna de las inversiones que prometió. “Parece que hay indicios de que lo que venimos advirtiendo es cierto, y nos parece muy positivo”, señala Daniel Cuartas, dirigente sindical de UGT en la planta de Avilés, al calificar de fraudulentas las operaciones. “La gestión ha sido nefasta, la gente está sin hacer nada. Es una vergüenza”, agrega.

La venta de las fábricas de A Coruña y Avilés también ha condicionado los contactos de Alcoa para el cierre de un área de su fábrica en Cervo (Lugo). En este momento la multinacional estadounidense negocia un acuerdo de venta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posteriormente podría acordar un traspaso a Liberty House, del grupo británico GFG Alliance. Esta última empresa también presentó una oferta en 2019, que fue rechazada frente a la de Parter.

Este no es el primer pleito entre la firma y los sindicatos. Esta semana, un juzgado de lo social de A Coruña condenó a la compañía por vulneración de derechos fundamentales en relación con el ejercicio de la libertad sindical. Los trabajadores de la planta gallega de Alu Ibérica iniciaron una huelga el pasado 26 de diciembre por el despido de una de las trabajadoras, al que se han unido los de otros cuatro dirigentes sindicales dentro de la compañía. Entre ellos Juan Carlos López Corbacho, el presidente del comité de empresa.

A las puertas de la fábrica, Corbacho se ha mostrado confiado en que este operativo sea “el principio del fin” de lo que ha calificado como un “engaño” y una “estafa”, informa Europa Press. Los dirigentes sindicales de ambas plantas coinciden en que ha sido una sorpresa grata y piden al Gobierno central que se garantice la continuidad de la planta y recuerdan que un cierre afectaría a más de 600 familias y a las comarcas en las que están ubicadas.

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