Opinión

La FGR actúa tres meses antes de las elecciones, ¿coincidencia u otra razón?

En cada una de sus tres campañas electorales en pos de la Presidencia de la República, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador denunció la corrupción imperante en México y prometió erradicarla en caso de ganar el principal cargo público del país.

Sin embargo, unos días antes de asumir la Presidencia, dijo que era mejor olvidarnos de los corruptos del pasado porque someterlos a juicio causaría más divisiones entre los mexicanos y que tantos corruptos no cabrían en las cárceles que hay en el país.

Sobre lo que dijo AMLO entonces, escribí en este espacio el 23 de noviembre de 2018: “Se equivoca Andrés Manuel. Investigar, denunciar y someter a juicio a los políticos corruptos uniría al país como pocos temas pueden hacerlo; si de falta de espacios se trata, la construcción de cárceles generará empleos. No puede haber ni perdón ni olvido para quienes han fastidiado a millones de mexicanos”.

Desde el primer día de su gobierno, el presidente ha insistido en acusar de ser corruptos a empresarios, periodistas, exfuncionarios y a todos los que manifiestan cualquier tipo de desacuerdo con sus palabras o decisiones. Pero en los hechos, el gobierno de la 4T ha denunciado muy pocos casos de corrupción ante la FGR o las fiscalías de los estados.

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El 28 de febrero pasado, el diario El Economista publicó una lista de los principales casos de corrupción documentados desde 2000 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (www.eleconomista.com.mx/politica/Principales-escandalos-de-corrupcion-documentados-por-la-ASF-20210228-0002.html), pero muy pocos de los involucrados han sido denunciados o encarcelados. Entre ellos, Rosario Robles, la dos veces secretaria de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por su participación en la Estafa Maestra que desvió 3,400 millones de pesos del erario, y Emilio Lozoya, que se encuentra en prisión domiciliaria por su involucramiento en el caso de la constructora Odebrecht, que de 2010 a 2014 sobornó con decenas de millones de dólares a Lozoya y otros funcionarios para ganar contratos de obras públicas, sobre todo en tres refinerías de Pemex.

Muchos funcionarios y exfuncionarios involucrados en estos y otros casos siguen libres; algunos hasta pertenecen al gobierno de la 4T.

Ayer se difundió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó ante la FGR una denuncia por lavado de dinero con la compraventa de inmuebles en contra del exjefe de gobierno de la CDMX y actual senador perredista Miguel Mancera, exfuncionarios de su gobierno y exdiputados locales.

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Y en la Cámara de Diputados se estudia si desaforar o no al gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la FGR de corrupción y delincuencia organizada.

Las acusaciones contra Mancera no sorprenden a nadie porque, desde que era jefe de gobierno, se comentaba mucho de sus supuestas transas y las de sus principales colaboradores.

Y habrá que ver si la denuncia contra el gobernador tamaulipeco se sostiene ante un tribunal.

Lo que llama la atención es que la FGR haya decidido actuar contra ambos personajes faltando solo tres meses para que se realicen las elecciones federales y locales de este año.

¿Es mera coincidencia o tiene algún propósito electoral?

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

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