Economía

El Consejo de Estado recomienda reforzar los controles sobre los fondos europeos en su polémico informe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Andrea Comas
 

El Consejo de Estado acaba de publicar el polémico informe sobre los fondos europeos. El PP y Ciudadanos acusaron al Gobierno de ocultar el documento porque sus conclusiones eran “demoledoras”. El dictamen, que no es ni preceptivo ni vinculante, analiza el decreto que regula los mecanismos para gestionar las ayudas de la UE, y concluye que “el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable”. En sus recomendaciones señala la necesidad de reforzar los controles sobre las ayudas que lleguen de Bruselas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia. El texto, del 97 páginas, añade que “implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos y, en particular, del Instrumento Europeo de Recuperación, constituye el fundamento primordial del proyecto de Real Decreto-ley sometido a consulta, y es fruto de la decidida voluntad del Gobierno de liderar ese proceso”.

El documento tiene fecha del 21 de diciembre, 10 días antes de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto sobre los fondos europeos. En ese sentido, fuentes de la Moncloa aseguran que numerosas recomendaciones han sido incorporadas al texto final del decreto. Defienden que algunas de las consideraciones del informe hacían referencia a aspectos puntuales, e insisten en que la valoración del Consejo de Estado sobre el conjunto del proyecto es favorable, y que el dictamen destaca “el esfuerzo realizado por el Gobierno para articular en tan breve plazo un conjunto de medidas” dirigidas a que España pueda beneficiarse de los fondos europeos.

El líder del PP, Pablo Casado, ya ha avanzado que pedirá la comparecencia del Gobierno para explicar por qué no hizo público antes el informe, que vuelve a tachar de “demoledor”. Ciudadanos, por su parte, ha reiterado su propuesta de crear una agencia independiente para la gestión de las ayudas europeas.

El informe del Consejo de Estado reconoce en su preámbulo que la llegada de las ayudas de Bruselas supone una oportunidad histórica para España y añade que es “esencial”, para que tenga éxito, “no solo poner el acento en medidas de flexibilización, sino también en el mantenimiento de un riguroso control en cuanto a la asignación” de los recursos y “su vinculación a los fines para los que sean concedidos”. Por tanto, las “observaciones de distinta naturaleza y entidad” presentadas por el Consejo de Estado “tienen como denominador común la preocupación de este organismo ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”, se lee en el documento.

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España es el segundo país de la UE más beneficiado por el maná europeo, solo por detrás de Italia. Para este año, el Gobierno ya ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado unos 24.000 millones que llegarán del mecanismo Next Generation EU, a los que hay que añadir más de 12.000 millones del fondo React-EU que se repartirán entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. En los próximos años, España podrá acceder a 140.000 millones de Bruselas, más de 70.000 de ellos en subsidios.

El informe del Consejo de Estado recuerda que la UE va a tener un “papel fundamental” en la supervisión de la “correcta gestión y ejecución de los fondos” liberados a través del fondo europeo de recuperación, “lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos”. Por eso, para evitar que Bruselas enmiende la plana al Gobierno, el organismo pone el énfasis en la no eliminación de controles. El decreto, de hecho, está diseñado para gestionar con agilidad la ingente cantidad de recursos que vendrán de Europa, sacrificando trámites previos.

“Severa crítica”

El Consejo de Estado critica que se “incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario” de las ayudas europeas. En otras palabras: pese al escenario sin precedentes y la suspensión de las reglas fiscales ―tanto en España como en Europa―, insiste en que “es importante preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos”. Aunque reconoce la dificultad de cuantificarlo y dar cifras precisas en un contexto que obliga a avanzar con “máxima urgencia”, añade que sí es posible señalar “la incidencia esperada de las distintas medidas de corte presupuestario que contiene el proyecto y elaborar una estimación aproximada de su repercusión”.

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El dictamen lanza asimismo una “severa crítica” al hecho de que no se hayan incorporado al expediente los informes de la Intervención General de la Administración del Estado, el órgano de supervisión interna del sector público que se encarga del control previo legal y financiero de las subvenciones. Añade que hubiera sido “de inestimable valor” conocer la postura de este organismo “sobre las distintas medidas consistentes en la supresión o modulación de diversos mecanismos de control, incluidos los correspondientes a la función interventora”.

Fuentes de la Moncloa aseguran que se ha incorporado al decreto antes de su aprobación definitiva la recomendación de que se regularan con mayor precisión los informes preceptivos en materia de subvenciones, convenios administrativos y en la elaboración de disposiciones de carácter general, así como que se mantuvieran algunos concretos mecanismos de fiscalización previa.

El Consejo de Estado también cuestionó en su dictamen que existen “límites jurídicos” a la utilización de la figura del real decreto-ley, que el Gobierno ha empleado ampliamente desde el estallido de la crisis para poder actuar con más celeridad. Aunque el Consejo de Estado reconozca que la situación actual no tiene precedentes, “ello no significa que el Gobierno pueda actuar sin restricción alguna”, reza el documento. En este sentido, recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado que la “extraordinaria y urgente necesidad” tiene que apreciarse por el Gobierno en cada caso, pero que “no es una expresión vacía de significado”.

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