Economía

La Audiencia Nacional propone juzgar al antiguo consejero delegado de Dia por falsedad en las cuentas

A la derecha, el ex consejero delegado del grupo Dia, Ricardo Currás, a su llegada a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.
A la derecha, el ex consejero delegado del grupo Dia, Ricardo Currás, a su llegada a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.
 

La Audiencia Nacional ha propuesto este viernes sentar en el banquillo de los acusados a Ricardo Currás, consejero delegado del grupo alimentario Dia entre 2009 y 2018, así como a otros cuatro exdirectivos de la compañía por un delito de falsedad continuada en las cuentas de la empresa. Según un auto de procesamiento dictado por el magistrado Alejandro Abascal, este grupo “modificó las cifras” de negocios de la compañía para “mejorar los resultados tanto de 2016 como de 2017”. El juez también dirige el proceso contra la propia Dia como responsable civil subsidiaria.

A lo largo de un escrito de 38 páginas, Abascal detalla la batería de presuntas irregularidades detectadas tras la denuncia de un grupo de accionistas y sitúa en la cúspide de la trama a Currás, quien trabajaba para Dia desde 1986. Según afirma el juez, gracias a la posición que ostentaba, el antiguo consejero delegado era “la única persona que poseía una visión global y de conjunto” del grupo, lo que aprovechó para “impartir órdenes para modificar las cifras de ingresos accesorios y de regularización de entradas, por ser estas las de mayores magnitudes sobre las que se podía actuar sin levantar sospechas”.

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Según la tesis del juez, Currás tomó esta iniciativa tras el “empeoramiento recurrente de los resultados del grupo y de la consiguiente caída del valor de la acción desde 2015″. De esta forma, enumera el magistrado, se pusieron en marcha operaciones como la “incorrecta contabilización de ingresos” (por un valor de 21,7 millones de euros), la “eliminación no justificada de la provisión de facturas pendientes de recibir” (18,3 millones) o “el pago de bonus y gratificaciones al personal no provisionados” (5,5 millones).

“Impartió órdenes que no respetaban la normativa contable, ni la realidad del negocio, pero permitían mejorar los resultados. Tanto de 2016 como 2017. Al haber sido, especialmente los del 2017, inferiores a las expectativas, dadas las bajadas de precios que el grupo se vio obligado a hacer en España para relanzar las ventas”, prosigue el auto, que añade: “Fue posible debido a la posición de confianza con la que contaba Currás ante el Consejo de Administración y la posición de superioridad jerárquica que tenía ante todo el personal de la alta dirección”. Además, apostilla el escrito, otros cuatro miembros de la alta dirección ampararon esas prácticas: Armando Sánchez, Antonio Arnanz, Luis Martínez y Juan Cubillo.

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Esta actuación, según relata el juez, implicó que se fueran arrastrando unas cantidades de un año a otro, mejorando los resultados de cada año con base a ingresos futuros y generando un acumulado cada vez mayor. Tenían “la esperanza de que, de volver a mejorar los resultados por la propia actividad, se fuesen compensando sin que nadie lo advirtiese”.

El juez ha dado ahora un plazo de 10 días al fiscal Anticorrupción y a las partes acusadoras para que soliciten la apertura de juicio oral. También ha archivado la causa contra otras siete personas imputadas en un primer momento: entre ellas, dos socios de la firma auditora KPGM, varios miembros de la comisión de Auditoría y el responsable de la política de cumplimiento normativo.

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