Economía

La agresiva cruzada mexicana para aumentar la recaudación en plena pandemia

Debido a la emergencia nacional por COVID-19, funcionarios del SAT comenzaron a atender a la ciudadanía solo con cita previa, en abril del 2020.
Debido a la emergencia nacional por COVID-19, funcionarios del SAT comenzaron a atender a la ciudadanía solo con cita previa, en abril del 2020.MOISES PABLO / CUARTOSCURO
 

Miguel Herrera, el popular y extravagante seleccionador de fútbol de México entre 2013 y 2015, ha sido una de las últimas celebridades en pasar a caja para ponerse al corriente en el pago de sus impuestos. El exfutbolista pagó recientemente al fisco mexicano 1,6 millones de pesos (78.000 dólares) que adeudaba de 2014, año en que dirigió al equipo mexicano en el Mundial de Brasil. La liquidación de esta deuda fue comunicada por Carlos Romero, el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, quien se ha convertido en una pieza fundamental del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para aumentar la recaudación durante la pandemia mediante una agresiva estrategia en los tribunales contra los deudores. “¡Si cometes falta, se acabó la fiesta!”, tuiteó Romero al dar a conocer el acuerdo con el futbolista.

Además del caso de Herrera, este miércoles fue anunciado otro acuerdo alcanzado por las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La farmacéutica Genomma Lab, que tiene presencia en México, Brasil, Argentina, Estados Unidos y otros 12 países, desembolsará 750 millones de pesos, unos 36,7 millones de dólares, en impuestos atrasados en los últimos ocho años. La empresa considera que esto pone punto final a las auditorías que se le habían abierto desde 2013. Este caso es una prueba más de la exitosa estrategia del Gobierno con los grandes contribuyentes. Esta semana el SAT ha desvelado que durante 2021 doblará la apuesta con las grandes empresas a través de una mayor fiscalización “en un marco de legalidad, seguridad jurídica y apertura al diálogo”.

La Procuraduría fiscal se ha convertido en la mano fuerte que tuerce el brazo de los morosos. La institución demandó penalmente durante 2020 a 1.018 contribuyentes (514 personas y 504 empresas) por diversos delitos, de acuerdo a un informe presentado recientemente por el SAT al Congreso. Las arcas públicas ingresaron 136.300 millones de pesos (6.600 millones de dólares) más de impuestos durante 2020, lo que significa un incremento en la recaudación del 0,8% si se le compara con 2019, un año donde cayó la recolección de IVA e ISR. “Se estima que en 2020 los ingresos tributarios sean 14,5% como proporción del PIB, el porcentaje más alto de los últimos 10 años y 1,3% adicional respecto de 2019, último año sin pandemia”, señala el informe de Hacienda. México se encuentra todavía rezagado en la recaudación como porcentaje del PIB comparado con el promedio de los países de América Latina y el Caribe (23%).

El combustible para este cambio es sencillo pero eficaz: el miedo. El Gobierno de López Obrador y la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, se fijaron como objetivo a los grandes contribuyentes. La maniobra ha dado resultados. La cadena de supermercados Walmart firmó en julio de 2020 con el Gobierno uno de los acuerdos reparatorios más grandes, por más de 8.000 millones de pesos (389 millones de dólares). Gigantes como IBM, BBVA México, Grupo Modelo, Femsa (Coca Cola), América Móvil y el poderoso conglomerado Grupo BAL también liquidaron sus adeudos. De estas y otras grandes empresas la Administración obtuvo 216.000 millones de pesos (10.500 millones de dólares). Entre ellas, dos compañías que pagaron más de 3.500 millones de pesos (170 millones de dólares) después de un litigio con la Procuraduría fiscal.

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“Los asuntos muy relevantes del año pasado fueron ejemplificativos”, explica en su despacho el procurador Carlos Romero. “Se formó un tsunami. Cuando la gente vio lo que le estaba pasando a estas grandes empresas dijeron ‘vamos a regularizarnos’. Fue una cantidad muy importante de recargos y multas que se pagaron”, indica el abogado fiscalista, quien antes de llegar al servicio público era socio de un despacho y quien ha dado su toque personal a la oficina con un capote firmado por Enrique Ponce. “El presidente nos dio la instrucción de que sea quien sea, si deben impuestos hay que presentar querellas. Por eso tuvimos casos muy sonados el año pasado”.

Romero es, en la jerga de los tribunales, un tiburón. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, viste buenos trajes y luce los puños de su camisa bordados con sus iniciales. Su charla revela pasión por los conflictos que deben ser dirimidos por los jueces. Comanda lo que llama un equipo táctico SWAT que implementa “un cambio en la política criminal fiscal”. Elabora su teoría: “Antes había un pacto no escrito entre el Gobierno y los grandes contribuyentes. Estaban fusionados el poder económico y el político. Parte del pacto era que no los tocaras porque son los que vienen a invertir, los que vienen a generar riqueza… Déjalos, decían. Sí, déjalos, pero ¿cuánto dinero dejan de pagar?”.

Guerra a las ‘factureras

El habla del procurador se ha impregnado del lenguaje belicoso que marca el discurso de muchos funcionarios. “Mi meta es que ya no haya factureras. Yo quiero desarticular a estos grupos criminales”, resume en pocas palabras. Romero se refiere a las empresas que simulaban operaciones millonarias contables para defraudar al fisco. Durante años este fue un sangrante escándalo de corrupción que pasó desapercibido hasta que el Gobierno de López Obrador lo colocó al centro. La Administración cree que entre 2014 y 2018, durante el mandato del priista Enrique Peña Nieto, las factureras se llevaban 500.000 millones de pesos anuales (24.300 millones de dólares) usando recibos falsos para solicitar devoluciones a Hacienda, justificar pérdidas inexistentes y evitar retenciones de impuestos mediante servicios que nunca se hicieron.

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Romero dice que cuando asumió el cargo no existía en la procuraduría fiscal ningún caso en marcha en contra de estas empresas o de grandes contribuyentes. “Era deporte nacional defraudar al fisco”, afirma. El funcionario cree que esto responde a los vacíos legales -que él considera fueron creados a propósito- del nuevo sistema penal instaurado en México desde 2007, que señalaba que el delito fiscal no ameritaba la prisión preventiva. “No pasaba nada, no se perseguían delitos”.

El Gobierno de López Obrador corrigió esto con una reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2020. Desde entonces la prisión es un castigo para los delitos como defraudación y el vender o comprar facturas falsas. El Estado ha equiparado esto a delincuencia organizada si hay tres personas o más vinculadas con el engaño y los montos defraudados exceden los 7,8 millones de pesos (379.000 dólares), lo que significa que se tuvo al menos operaciones por 24 millones de pesos, algo más de un millón de dólares. La actual Administración incluso fue más allá y reformó la Ley para convertir los delitos fiscales antes mencionados en amenazas a la seguridad nacional.

Esto ha derivado en siete juicios en contra de 43 empresas de operaciones simuladas que defraudaron 93.000 millones de pesos (4.500 millones de dólares). En las próximas semanas se presentarán nuevas denuncias contra “siete u ocho” personas por el mismo delito. El procurador explica que van “contra las cabezas” de estas empresas pues la reforma a la ley le permite otorgar beneficios y penas reducidas a los contadores de bajo nivel a cambio de información contra los peces gordos.

Hay quienes consideran que todo esto ha creado un clima de terrorismo fiscal en México, lo que Romero descarta. “Aquí simplemente se soltaron las riendas del control del fisco. Y lo único que se hizo fue retomarlas. Lo único que queremos es que se vuelva a respetar al fisco federal”.

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