Política

IFT, sin facultad para ser un órgano centralizado que regule redes sociales

La iniciativa de Ricardo Monreal de regular las redes sociales teniendo como garante de la libertad de expresión y de cumplimiento al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) supone ‘un completo sinsentido’ para especialistas de la industria de telecomunicaciones.

La propuesta del senador sugiere reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer los principios generales de la protección a la libertad de expresión en las redes sociales.

Para ello, contempla dotar al IFT de las atribuciones necesarias para que pueda garantizar el ejercicio del derecho humano en el ámbito del ciberespacio.

IFT, autoridad

La iniciativa del senador sugiere algunos requisitos para que el Instituto pueda dar ‘luz verde’ a procesos en redes relevantes:

Para Michel Hernández Tafoya, especialista del Observatorio de Telecomunicaciones de México, la visión del senador Monreal es centralizar y ubicar a un ente relacionado con los asuntos de internet -siendo IFT uno de ellos-, lo que se vuelve parte de la problemática que supone la iniciativa.

Esto, debido a que la iniciativa asocia los servicios de internet con la política general sectorial de telecomunicaciones, en la que el legislador encuentra en el IFT el instrumento para darle salida a su propuesta bajo los mecanismos que quiere imponer.

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Sin embargo, la intención de que el IFT sea quien tenga todas las facultades – que atravesarían las de otros órganos – para regular redes parece un contrasentido, sobre todo al tratarse de un asunto transversal como el internet.

Es una solución no solo cortoplacista, sino que además ignora el entramado en el que se desarrolla internet en general y los bienes y servicios que hay en internet

Michel Hernández Tafoya, especialista del Observatorio de Telecomunicaciones de México

La propuesta de Monreal se da en un contexto en el que, hasta hace muy poco, había un riesgo latente de que el IFT desapareciera o, en su defecto, fuera fusionado con otros órganos autónomos.

Sin embargo, ahora se propone al IFT como una autoridad con una doble función: por un lado, la de otorgar un título de autorización -que hoy no existe para ciertos proveedores de servicios- y decidir quién podrá participar y quién no.

Doble función

Atribuir al IFT la facultad regulatoria de registrar plataformas digitales y de redes sociales, sin considerar que este es un órgano habilitante de derechos fundamentales, convierte al regulador al mismo tiempo en un sensor, dijo Jorge Fernando Negrete, socio director de Digital, Policy & Law.

No puede haber en un órgano del Estado la facultad para habilitar derechos fundamentales y al mismo tiempo regularlos y restringirlos; eso habla del profundo desconocimiento de la naturaleza del IFT

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Jorge Fernando Negrete, socio director de Digital, Policy & Law

En su opinión, considera que se tenía que haber creado un aparto de negociación público-privada con las plataformas digitales, tal como se hace en Estados Unidos, para generar la moderación del discurso publico para lograr nuevos términos y condiciones para los usuarios.

Para Negrete Pacheco, la problemática tiene raíz en el desconocimiento del gobierno en materia de política pública, tras 50 años en los que Mexico ha trabajado con procesos de planeación.

En ese sentido, señaló que es el primer gobierno donde no ve las ganas de planear, además de que desconoce por completo la estructura de los órganos autónomos y de los órganos de Estado.

En las próximas semanas se discutirá la iniciativa en el Senado. Hasta el cierre de esta nota, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tenía una postura al respecto.



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