Economía

Carlos Torres ganó 4,1 millones en 2020 como presidente de BBVA, un 44% menos

Carlos Torres, presidente del BBVA, en una imagen de principios de 2020.
Carlos Torres, presidente del BBVA, en una imagen de principios de 2020.KIKE PARA
 

Carlos Torres, presidente de BBVA, ganó el año pasado 4,09 millones de euros, según el informe anual de remuneraciones remitido este viernes por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de un 44% de lo que Torres ingresó como presidente del banco en 2019, como consecuencia de la renuncia voluntaria a la retribución variable que 330 empleados del banco, incluyendo a toda la alta dirección, hicieron el pasado marzo tras la llegada de la pandemia a Europa y la recomendación en ese sentido que hizo el Banco Central Europeo (BCE). El banco, según anunció a finales de enero, ganó 1.305 millones de euros en 2020.

El informe detalla que Torres percibió 2,45 millones en concepto de salario fijo, idéntico al de 2019. A esto se suman 1,64 millones de aportación al sistema de previsiones para su jubilación, un concepto que este año bajará ya que, según detalla la entidad, se decidió que a partir de 2021 fuera equivalente a un 15% de la retribución fija a anual. Adicionalmente, el banco recoge otras dos aportaciones efectivas: una de 377.000 en primas de seguro por fallecimiento o incapacidad y otra de 228.000 como remuneración en especie.

En cuanto a Onur Genç, consejero delegado del banco, la retribución fija alcanzó los 2,18 millones. Este no cuenta con aportación a la jubilación, pero en su lugar, sí percibe un complemento de retribución fija y un complemento de movilidad que suman 1,25 millones. Es decir, en total su sueldo fue de 3,43 millones, un 45% menos que en 2019 por la renuncia a la retribución variable. De nuevo, adicionalmente a esto el banco satisfizo el pago de primera anuales de seguro por fallecimiento e incapacidad (253.000 euros) y una retribución en especie (132.000 euros).

En cuanto a los consejeros no ejecutivos de BBVA, 13 en total, los salarios anuales sumaron conjuntamente 4,08 millones. A esto se añaden 95.000 euros de retribuciones en especie. El informe recoge un cambio en la política de remuneraciones en la cúpula que deberá ser sometido a votación en la próxima junta de accionistas y se aplicará en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. Según detalla el banco a la CNMV, además del ya citado cambio en la aportación al sistema de previsión social del presidente, habrá cambios en el calendario, métricas, mejoras para favorecer la transparencia.

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Daño reputacional

Una de las modificaciones hace referencia a “cambios a la cláusula malus y clawback”, que permiten al banco reclamar cantidades pagadas a sus consejeros ejecutivos en concepto de retribución variable. Desde 2021 se incluirá “un nuevo supuesto que contemple la posibilidad del banco de aplicar los mecanismos de reducción y recuperación en el caso de que las actuaciones de los beneficiarios de la recuperación causen un daño reputacional al banco”. Es decir, que BBVA podría retirar parte de lo pagado si considera que alguno de sus dirigentes perjudica a la entidad.

Se da la circunstancia de que BBVA se halla como investigado en una de las piezas del proceso de la Audiencia Nacional contra Cenyt, la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Como recoge el banco en otro documento remitido a la CNMV, el de Cuentas Anuales Consolidades, Informe de Gestión Consolidado e Informe de Auditoría, dicho proceso investiga “supuestos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios”. “Determinados directivos y empleados del Grupo, tanto actuales como de una etapa anterior, así como antiguos consejeros también están siendo investigados en relación con este caso”, añade dicho documento. Aunque no se cita expresamente, uno de los imputados durante las diligencias previas de la causa es Francisco González, quien presidió el banco hasta 2018.

Pago de impuestos

En el informe de gestión, la entidad da cuenta asimismo de su información fiscal relativa al ejercicio 2020. En la misma se recoge que BBVA pagó 1.556 millones de euros, con criterio de caja, en impuesto de sociedades. El grueso de esa cifra correspondió a sus actividades en México, donde satisfizo 1.250 millones. Le sigue Turquía con 378 millones y, ya en menores cantidades, otros mercados americanos, europeos y asiáticos donde trabaja. Se da la circunstancia de que España es el único de esos mercados donde la entidad no recoge un pago en concepto del impuesto de sociedades, sino una devolución de caja neta por 699 millones. Este se debe a “diferencias entre el pago fraccionado realizado en el año en curso y la devolución de pagos fraccionados de ejercicios anteriores”. Debido al sistema español de pago fraccionado, parte del impuesto se satisface periódicamente, pero también se perciben las cantidades pagadas de más en años anteriores, una vez presentadas las liquidaciones definitivas de esos ejercicios.

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A eso se une que los beneficios antes de impuestos del banco en España son, junto con Finlandia, los únicos negativos. Recogen pérdidas de 2.108 millones en 2020, en los que se incluye el deterioro de su filial en EE UU por 2.084 millones. La contribución fiscal global del grupo, que incluye los pagos por todo tipo de impuestos relacionados con su actividad, se valora en 8.325 millones, de los que 3.288 millones corresponden a impuestos propios y el resto a impuestos de terceros, frente a 9.290 millones en 2019.

A 31 de diciembre de 2020, BBVA señala que tenía cuatro establecimientos en lugares considerados como paraísos fiscales por España o la OCDE. En Islas Caimán, donde cerró una sucursal en 2018, mantenía el año pasado cuatro emisoras de valores, dos de ellas a través de Grupo Garanti. Las emisiones de deuda y otros títulos de tipo fijo a través de esos establecimientos sumaron el año pasado 2.533 millones, frente a 3.172 millones en 2019. La entidad señala que audita tanto interna como externamente la actividad de esos establecimientos y vigila que las transferencias entre estos centros y sus bancos en España se ajusten a la normativa española.

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