Economía

El auditor alerta de los riesgos de Glovo por su conflicto con la Seguridad Social y los créditos fiscales

Un repartidor de Glovo en el centro de Barcelona.
Un repartidor de Glovo en el centro de Barcelona.MASSIMILIANO MINOCRI
 

Glovo triplicó sus ingresos en 2019, pero también duplicó las pérdidas de forma que casi pierde lo mismo que factura. La start-up de reparto a domicilio registró unos ingresos netos de 218,5 millones de euros, un 190% más respecto a los 75 millones del 2018. Y obtuvo un resultado neto negativo de 199,1 millones de euros, frente a los 94,3 millones que perdió en 2018, según las últimas cuentas depositadas en el registro mercantil. Además de las pérdidas, que la empresa justifica en que estaba en plena fase de expansión, llama la atención los riesgos derivados del conflicto que la plataforma de reparto mantiene con la Seguridad Social, por la calificación de los repartidores como autónomos o asalariados, y por los créditos fiscales que se anota, como pone de manifiesto el informe de auditoría llevado a cabo por Deloitte.

El grupo se encontraba inmerso en 2019 -y todavía lo está- en distintos procedimientos judiciales vinculados a las actas emitidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de diferentes provincias españolas, en las que considera que los repartidores, llamados rider, son asalariados y no autónomos como defiende la empresa. Esto se había traducido, hasta ese momento, en reclamaciones del instituto público por un importe de 14 millones de euros, según refleja la memoria consolidada de 2019.

En este sentido, el auditor señala que “la falta de regulación normativa y la ausencia de un criterio jurisprudencial firme hace que exista la posibilidad de que la Administración pudiera llegar a considerar a los colaboradores, en su totalidad o parcialmente, como personal laboral de la sociedad dominante, competencia atribuida a la Jurisdicción Social. […]. A tenor de la fase todavía inicial en la que se encuentran judicialmente los procesos, y que las actas se encuentran pendientes de resolución definitiva, existe una incertidumbre sobre el desenlace de los mismos y los efectos que ello pudiera tener en las cuentas anuales consolidadas del Grupo, que dependerán de la resolución final de dichos procesos judiciales”.

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Sobre esto, los propios gestores en el informe de cuentas de 2019 se muestran confiados en que la resolución de estos conflictos será “favorable” para el grupo. Para afirmarlo, se basan en que en los juzgados no había unanimidad en las sentencias: unos jueces estimaban que los repartidores eran autónomos -es decir, le daban la razón a la empresa- y otros, que eran asalariados. Entre los ejemplos de sentencias “favorables” que citan los gestores en las cuentas está el caso del repartidor que finalmente el Tribunal Supremo, el pasado septiembre, consideró que era asalariado.

Pese a la advertencia del auditor sobre eso, Glovo no registró ninguna provisión de fondos confiando en recurrir a instancias judiciales superiores en caso de que en las primeras las sentencias le sean desfavorables. Pero incluso en caso contrario, aseguran que “disponen de medidas alternativas para adoptar el modelo de negocio y garantizar su viabilidad futura”. No obstante, el 28 de diciembre de 2020, la plataforma digital de reparto ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social 20,8 millones de euros para saldar su deuda por los falsos autónomos detectados, aunque la empresa matizaba que lo que había hecho era entregar un aval. La cantidad es superior porque en 2020 hubo más actas de la Inspección de Trabajo.

Las cuentas de 2019 se cerraron antes de que la citada sentencia del Tribunal Supremo, en la que se señala partiendo de ese caso que “Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores”. Y añadía: “Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio”. Además, el Gobierno, los sindicatos y las patronales están ultimando una ley, en la que este fallo del Supremo sirve de referente, que reforzará los criterios legales para considerar como asalariados a los repartidores y evitar la confusión vista hasta ahora.

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El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2019 incluye también un saldo de 12,42 millones de euros de activos por impuestos diferidos, de los cuales 10,95 millones corresponden a créditos fiscales (bases imponibles). Sobre este punto, el auditor llama la atención de que la dirección del grupo prepara modelos financieros para evaluar las opciones de recuperar, en un periodo máximo de 10 años, ese crédito fiscal para lo que será preciso que se cumplan las previsiones de negocio, es decir, que la empresa comience a obtener beneficios para poder descontarse esas bases negativas.

Antes de la pandemia del coronavirus, los fundadores anunciaron que se alcanzaría la rentabilidad en 2021, pero luego desecharon esa previsión, y replegaron la expansión internacional prevista. Si en 2019 operaba en 26 países entre Europa, Latinoamérica y África, ahora apenas lo hace en 14, tras vender la división de Latinoamérica a Delivery Hero, uno de sus mayores accionistas, y abandonar mercados como Egipto o Turquía.

La memoria de 2019 señala que la empresa tiene 1.049 asalariados y 55.000 repartidores en todo el mundo, aunque las últimas cifras facilitadas por la propia empresa hablan de 1.600 trabajadores y 46.000 rider en todo el mundo, con 7,4 millones de usuarios y 42.600 comercios asociados.

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