Política

La violencia de género digital debe tratarse como un fenómeno estructural y no como delito aislado


La violencia ejercida contra las mujeres y niñas no ocurre sólo en las calles, en los hogares o en las oficinas. El internet y las plataformas que operan virtualmente se han convertido en nuevos espacios en los que es posible acosar, discriminar, amenazar y hasta violentar la intimidad de las personas.

En México y en gran parte del mundo el blanco de estas agresiones personales son las mujeres, especialmente las más jóvenes. Y la intervención del Estado a través de la tipificación de estos delitos no ha sido suficiente para frenar este tipo de violencias, adicionalmente las medidas tomadas por las plataformas y redes sociales tampoco han impactado positivamente en la erradicación de agresiones.

Visibilizar y entender esta problemática como un problema estructural y no como un delito aislado son claves para la erradicación de estas violencias, coincidieron expertas durante sus ponencias en la mesa de discusión Visibilización y prevención de la violencia digital en redes sociales como parte de un foro organizado por el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Datos Personales).

En México sólo 19 entidades han incorporado la violencia digital como parte de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es decir como parte de una estructura sistemática y no como una agresión aislada que ocurre en espacios digitales. En contrasentido, 28 (casi la totalidad de los estados) sí tienen tipificada la violencia digital como un delito.

Esta situación produce que sólo se castigue penalmente una agresión virtual sin que se entienda la raíz de la misma y sin que esta perspectiva se integre dentro de todas las leyes y programas de prevención de la violencia de género, dijo Fátima Gamboa, abogada y Codirectora en la organización Equis Justicia.

La problemática adicional de sólo castigar es que, aún con la tipificación del delito la mayor parte de las víctimas de cualquier modo no reciben justicia. Por ejemplo, en los últimos tres años las autoridades han recibido 2,143 carpetas de investigación relacionadas con agresiones virtuales de las cuales 80% de las víctimas eran mujeres y cerca del 83% todavía no se han resuelto, de acuerdo con cifras del estudio Violencia digital en trámite de la organización Luchadoras.

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Otra de las omisiones de considerar la violencia digital como un delito aislado es que omite la responsabilidad de las plataformas y los espacios donde suceden las agresiones, Paz Peña Ochoa, resalta la importancia de insistir en la implementación de normas y protocolos de prevención y acción ante situaciones de acoso, amenazas, suplantación de identidad, difusión de contenidos íntimos sin consentimiento o discriminación.

“No se puede omitir la responsabilidad de las plataformas que fungen como intermediarios privados y mientras no sean obligadas a cambiar sus modelos de extracción de datos y de crecimiento mediante interacciones la violencia digital no sólo seguirá sino que se hará endémica. También hay que obligar a las plataformas a elaborar informes y estadísticas sobre la ocurrencia de estas agresiones”, aseguro Paz, consultora en Tecnologías, Derechos Humanos y Género.

La tipificación de la violencia digital como delito es importante, sí, en la lucha para visibilizar que existen dichas agresiones, que los espacios virtuales no son completamente seguros para las mujeres y que la violencia ejercida por esos medios también tiene consecuencias. Pero es importante acompañar dicha tipificación con una perspectiva integral y transversal en todos los entes involucrados, así como con presupuesto destinado no a castigar sino a prevenir toda expresión de violencia contra mujeres y niñas, coincidieron las expertas.

No basta con hacer leyes, y quedar bien, hay que meterle dinero a esas leyes para que no queden de adorno. Hay que capacitar a autoridades, a plataformas, a usuarios. Hay que invertir más en la prevención”, comentó Paz Peña durante su intervención.

Las agresiones ejercidas a través de plataformas y redes sociales violentan el derecho a la libertad de expresión, a la protección de datos y a la privacidad y el acceso a la justicia; pero fundamentalmente vulneran el derecho de las mujeres y niñas, en su mayoría, a una vida libre de violencia y el impacto que tienen estas agresiones puede salir de los espacios virtuales donde fueron cometidas.

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De acuerdo con el estudio de Luchadoras, el 33% de las víctimas sufrió daño emocional causado por la agresión digital, el 20% sufrió daño reputacional e incluso un 9% reportó daño sexual.

La perspectiva de género es necesaria y debe ser integral; las mujeres no son el único blanco de la ciberviolencia pero sí son víctimas desproporcionales de ataques intencionados y personales. A diferencia de los hombres que generalmente son víctimas de delitos virtuales como el fraude o el robo de datos financieros, delitos más relacionados con la delincuencia que con una estructura de violencias.

Lo personal de los ataques virtuales contra mujeres se observa y se entrelaza con la cercanía que tienen las víctimas con sus agresores; cerca del 40% de las agresiones son cometidas por personas conocidas o incluso muy cercanas a las víctimas.

En este sentido también es importante resaltar el derecho de las víctimas a procesar sus situaciones o a negarse a enfrentar los procesos legales para acceder a la justicia. Incluso para quienes están dispuestas a denunciar tienen obstáculos para probar las agresiones, “a veces las plataformas mismas donde sucede la violencia no atienden tus solicitudes, tardan en actuar o no te brindan las herramientas o informes necesarios para fortalecer la denuncia”, dijo Jessica Matus, fundadora de Datos Protegidos, organización para la privacidad de datos, libertad de expresión y ciberseguridad con perspectiva de género.

Bajo estas omisiones, la tarea es formar sistemas integrales que más que castigar el delito se enfoquen en capacitar para prevenir cualquier tipo de violencia en redes sociales o plataformas virtuales. Y que, al momento de ejercer justicia, protejan y brinden atención especializada a las víctimas.